El concejal del PP en La Pobla Llarga Rafael Soler desveló ayer que el ayuntamiento fue condenado en julio de 2018 por no proporcionarles unos documentos que solicitaron, referentes a tres expedientes municipales sobre la contratación de la secretaría interventora del consistorio, de la asesora de alcaldía y a los mandamientos de pago con reparos de intervención. Una decisión que ha sido recurrida por el consistorio de La Pobla y que, ahora mismo, está pendiente del recurso.
Soler denunció al ayuntamiento por su negativa a proporcionarle los expedientes citados en mayo del año pasado ante el juzgado de lo contencioso-administrativo número 4 de València; el magistrado falló a su favor el 19 de julio, y condenó al Ayuntamiento de La Pobla Llarga a proporcionarle los documentos solicitados y correr con los gastos del juicio. No obstante, el ayuntamiento recurrió la sentencia y, según determinó Neus Garrigues, alcaldesa de la localidad, los asesores jurídicos del consistorio están «convencidos» de que el juicio se resolverá finalmente a su favor, tras el recurso presentado. «La petición de información que realizó era muy imprecisa. Cuando se publicó el fallo, no entendíamos cómo se le había dado la razón», destaca.
Con todo, explica Rafael Soler que no ha sido este un caso aislado en la ocultación de información por parte del ayuntamiento. «Llevamos desde 2016, tres años, con esta dinámica. Un oscurantismo y unas dificultades a nuestro trabajo que lesionan los derechos fundamentales de los regidores», lamenta el concejal popular, que fue alcalde de la localidad de 2003 a 2015. Garrigues, por su parte, defiende la transparencia del ayuntamiento e indica que, si ha habido en algún momento «algún retraso» en la tramitación de documentos, ha sido porque el consistorio no ha contado con la figura de un secretario durante ocho meses. «Pero a Soler siempre se le ha contestado en tiempo y forma», aduce.
Dificultades en la auditoría
Soler destaca al respecto de la dinámica que denuncia las dificultades que encontró para conseguir el documento de la auditoría a las cuentas del ayuntamiento, qu, según indica, se le proporcionó a todos los grupos políticos del pleno municipal, menos al PP. «La alcaldesa nos instó a acudir a la biblioteca a copiar a mano los datos de la auditoría», lamenta. Neus Garrigues niega la versión de Rafael Soler: «Un documento tan importante como una auditoría, por la que se examinan todas las cuentas municipales, se pone a disposición de todos. Si no hubiese sido así, debería haberlo denunciado en aquel momento», apunta, a lo que añade que la citada auditoría estaba «en todo momento» disponible para cualquier persona que lo requiriese, en el registro de entrada del ayuntamiento. «Rafael Soler tenía acceso, otra cosa es que quisiese aprovecharlo», acusó la alcaldesa.
