Soler fue juzgado por haber cometido, presuntamente, un delito de fraude de subvenciones. No obstante, el documento de la Audiencia Provincial, al que ha tenido acceso Levante-EMV, pone de manifiesto lo siguiente: «Tiene razón el Ministerio Fiscal cuando señala que la tipificación inicialmente planteada para los hechos objeto de investigación no se ajusta al delito de fraude de subvenciones en la medida en la que el perceptor de la subvención que se dice defraudada lo sería el Ayuntamiento de La Pobla Llarga, mientras que el desvío de las cantidades transferidas al ayuntamiento para el enriquecimiento propio o ajeno integraría un delito de malversación de caudales públicos».
Hechos no esclarecidos
Tras ello, apunta que no puede estimarse «que ya se hayan esclarecido suficientemente los hechos investigados». «La falta de prueba de un enriquecimiento personal de los investigados no determina la atipicidad de los hechos, como tampoco la determina el fallecimiento del particular que recibió de forma fraudulenta los fondos públicos cuya malversación se investiga», añaden a continuación los magistrados, quienes subrayan que se debe valorar «la actuación de quien autorizó y posibilitó que ese particular recibiera unos fondos públicos sin justificación alguna».
El documento ponen en duda que el proveedor de las butacas pusiera a disposición del ayuntamiento todo el material que facturó y que lo cobrase pese a la falta de justificación en la entrega. Los magistrados afirman que los pagos realizados no se pueden discutir, ya que están acreditados entre el 27 de febrero de 2010 y el 18 de junio de 2012. Es ahí donde surgen las dudas de éstos: «En ningún caso se pudo mostrar a la señora Andrés Bellver, arquitecta ténica municipal, las 647 butacas modelo Argentina que ésta dijo haber revisado el 28 de agosto de 2009 si hasta el 30 de enero de 2012 no adquiere el primer lote de 300 butacas», argumentan. En consecuencia, «tampoco podía disponer de las otras 442 butacas que según factura de fecha 22 de octubre de 2009 se dieron por recibidas y se pagaron por el ayuntamiento, esta vez sin certificación de la arquitecta técnica», añaden a continuación.
Según la Audiencia Provincial, la documentación que aporta la empresa proveedora, Euroseting Internacional, «demuestran que las butacas entragadas al ayuntamiento fueron adquiridas en 2012, no antes, por lo que nunca pudieron haber sidos puestos a disposición del ayuntamiento el 29 de agosto de 2009, tal y como certificó la arquitecta técnica».
