La ciencia política siempre ha tratado con cautela a los «políticos profesionales». No es el caso de Diego Gómez, como tampoco el de Joan Ribó. Hubiera sido difícil pronosticar que iban a ser alcaldes. Vinculados desde jóvenes a movimientos sociales, manifestaron pronto grandes inquietudes. Cuando el alcalde de Alzira asumió la vara de mando en la capital de la Ribera Alta ya contaba con décadas de experiencia en la lucha social, sobre todo vinculada a la educación y la defensa de los derechos del pueblo valenciano. Incluso en eso coincide con Ribó. Tanto Alzira como València han demostrado que el mensaje anticatalanista ha quedado reducido a cenizas. La derecha vendió durante décadas (con una herencia de la Batalla de València que duró demasiado) que tanto Ribó como Gómez iban a dilapidar la esencia valenciana, movidos como estaban, supuestamente, por el «lobby» catalán. Se difundieron fotos de Gómez con banderas independentistas y proclamaron que iba a suprimir la Semana Santa y a constreñir las fallas. Nada de eso ha sucedido. Es más, participa en la Ofrenda como vestidor de la Virgen. Su mandato se ha basado en la moderación y ha huido expresamente de las salidas de tono identitarias.
Procedente de la presidencia de Escola Valenciana, Gómez accedió a una lista electoral por primera vez en 2011. Ocupó el puesto número tres de la candidatura de Compromís y entró como concejal en el ayuntamiento. Cuatro años después encabezó el proyecto de los valencianistas y, tras pactar con PSPV y EU, fue nombrado alcalde. Su modelo de ciudad, que coloca al peatón como referencia, también apuesta por «acercar» e integrar el Xúquer en la ciudad. Gobernará otros cuatro años más, hasta 2023.
