El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha admitido a trámite el recurso de apelación interpuesto por el responsable del Circuit de la Ribera de Guadassuar contra la sentencia que anulaba la autorización de apertura. El movimiento judicial lleva al propietario a afirmar que la sentencia que se utilizó como una de las razones para la clausura del recinto deportivo en el mes de abril no es firme, por lo que no puede producir efectos. El ayuntamiento defiende que las medidas cautelares tomadas están totalmente fundamentadas por los técnicos y aportaron al juez la documentación por la que se le quitó la licencia de apertura dadas las irregularidades, «además de aportar las entre veinte y treinta denuncias que tienen acumuladas», dijo el alcalde, Salvador Montañana.

El promotor del circuito del motor, Pascal Hidalgo, aprovechó ayer la información para cargar de nuevo contra el equipo de gobierno local por lo que considera una decisión (la de cerrar el recinto) «desproporcionada» y por la que, como ya publicó este periódico, exigirá una alta reclamación monetaria por el lucro cesante y el daño a la imagen y la marca empresarial. Según expuso Hidalgo: «El ayuntamiento quizá intente argumentar que el cierre se basa en otras circunstancias como el desmontaje de la torre de alta tensión o el exceso de aforo. Tanto la una como la otra son actuaciones fácilmente subsanables. Se han cerrado las partes del circuito que pudieran dar lugar a un exceso de aforo y ya se dispone de la autorización de Iberdrola para el desmontaje de las torres. En cualquier caso, aun aceptando, hipotéticamente, estas dos circunstancias, el principio legal de proporcionalidad obliga a que solo puedan cerrarse las instalaciones directamente vinculadas a los pretendidos defectos». Montañana alegó: «Que cumpla lo que tiene en el proyecto y abrirá, sin más. En 22 meses ha tenido tiempo de sobra».

La resolución judicial, además, permitirá revisar la sentencia contra la autorización de apertura, lo que los responsables del circuito evalúan como «un nuevo varapalo contra el ayuntamiento guadasuarense», ya que, según expusieron, fueron los técnicos municipales los que impusieron el tipo de apertura a la que debía someterse la empresa del motor para poner en marcha el circuito. «Así pues, el que rompe paga, y por tanto, corresponde ahora a la administración asumir el daño derivado del coste de su equivocación», argumentó Pascal Hidalgo.

Montañana se mostró tranquilo: «Yo quiero un circuito en Guadassuar pero lo quiero legal. Esto no es una decisión política. Debe aplicar medidas correctoras porque tiene un proyecto que no ha cumplido en muchos aspectos».