21 de julio de 2019
21.07.2019
Laboral

La tesorera expedientada por absentista todavía llega muchos días tarde al trabajo

El Ayuntamiento de Algemesí, que también le imputa usar el despacho para fines privados, contabilizó en 2017 más de cien horas de ausencia

20.07.2019 | 19:35
Cristina Serrano, tesorera del Ayuntamiento de Algemesí, en una imagen de archivo.

Más de cien horas en un año. Es la «deuda» que contrajo la tesorera del Ayuntamiento de Algemesí y exalto cargo del PP, Cristina Serrano a lo largo del año 2017. Ese es uno de los motivos por los que la alcaldesa de la localidad, Marta Trenzano, decidiese incoar un expediente a la funcionaria, a la que se acusó de incompatibilidades, ausencias laborales y falsificar un documento de asistencia a una jornada de formación. El proceso administrativo se podría haber resuelto hace mucho, pero sigue encallado ya que Serrano abrió la vía judicial y, de ese modo, se ganó una prolongada prórroga. A su parecer, se había violado su intimidad al extraer datos personales de su ordenador de trabajo para comprobar si, efectivamente, realizaba tareas del ámbito privado durante su horario laboral.

Según ha podido saber Levante-EMV, su conducta no ha cambiado. La funcionaria absentista díficilmente cumple con su horario más de un día a la semana, pese a que todos los funcionarios se ven sometidos a un estricto control, fichando a la hora de entrada y de salida a mediante su huella dactilar. Su horario es de 08.00 a 15.00 horas, pero en los registros figuran horas de entrada mucho más tardías. En ocasiones, superando las dos horas.

Su incumplimiento horario y los indicios de que realizaba actividades que no se correspondían con su condición de tesorera en el ayuntamiento llevaron a Trenzano y al ayuntamiento a recabar la información necesaria para comprobar dichas sospechas. Uno de los elementos más llamativos, además de los múltiples documentos hallados en la máquina fotocopiadora situada junto a su despacho, fue el justificante falso que presentó para acreditar que el 9 de febrero de 2018 se había ausentado de su lugar de trabajo. El documento, de una calidad más que cuestionable, rezaba que Cristina Serrano había participado en una jornada sobre «Integración de módulos tributarios y fiscales enn (sic) entornos con certificación digital de firma» celebrada en el Ayuntamiento de València. El justificante estaba expedido, supuestamente, por Fermín Cerezo Peco, como coordinador de Organización y Gestión pública del consistorio valenciano, aunque ni siquiera estaba firmado. Trenzano emitió hasta dos providencias de alcaldía, una dirigida al funcionario del ayuntamiento, curiosamente vecino de Algemesí, y otra a la propia administración de la capital.

La respuesta de Cerezo fue amplia, pero en sus primeras palabras dejaba claro que Serrano mentía: «Trasladaros, en primer lugar, mi absoluta sorpresa y disgusto profesional por el hecho que evidencian estos documentos y correos que, en ningú caso, he emitido ni confeccionado yo». Por su parte, el vicesecretario del Ayuntamiento de València, José Antonio Martínez, certificó al consistorio de Algemesí «que, consultados los antecedentes que obran en el Servicio de Formación, Evaluación y Carrera, no consta que por parte de este servicio se haya organizado ni realizado, el día 9 de febrero de 2018, ninguna jornada sobre 'Integración de módulos tributarios y fiscales en entornos con certificación digital de firma'».

Trenzano tenía los elementos suficientes para abrir un expediente disciplinario a Serrano y llevó la cuestión al pleno municipal, en el que PSPV, EU y Més Algemesí respaldaron la propuesta. Ésta contemplaba que la tesorera habría realizado dos faltas muy graves y otras tres graves: incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades, realización dentro de la jornada laboral de otro tipo actividades personales o privadas de manera reiterada o con ánimo de lucro, el incumplimiento injustificado de su jornada de trabajo, acciones u omisiones dirigidas a evadir los sistemas de control de horarios o utilizar para usos particulares medios oficiales. Éstas podrían suponer hasta seis años de suspensión.

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