El Consell Jurídic Consultiu valenciano (CJC) ha dado la razón al Ayuntamiento de Benimuslem en la problemática del PAI y le autoriza a incautar el aval depositado en su momento por la empresa urbanizadora, que asciende a, aproximadamente, 1'5 millones de euros. Las obras que pretendía desarrollar una zona urbanística que quintuplicaba la oferta de viviendas en la localidad (ahora se cuenta con alrededor de 300 y se querían construir 1.500 casas) se encuentran paralizadas desde 2011 y el litigio entre el ayuntamiento y el agente urbanizador (la mercantil Golf & Mar, del empresario alcireño José Andrés Asunción) se prolonga varios años. De hecho, ya en 2015 se produjo la resolución del contrato gracias a los apoyos en el pleno del PSOE que comandaba la alcaldesa anterior, Mª Antonio Vilar. El PP se abstuvo. Según se alegó, se decidió finiquitar el contrato por el «incumplimiento de sus obligaciones» por parte de la mercantil.
Según exponía por entonces (en 2015) la entonces alcaldesa: «Los incumplimientos detectados son múltiples, no ha hecho nada de lo que estaba establecido y hemos llegado al momento en que se han agotado todos los plazos legales e iniciamos este proceso». Además señalaba que el incumplimiento no se limitaba a no haber ejecutado las obras de urbanización sino también a otras obligaciones derivadas del convenio urbanístico. Por otra parte, el consistorio consideraba caducado el programa al haber transcurrido 59 meses por entonces desde que se inscribió el proyecto de reparcelación. «Tampoco ha pagado las cantidades que ofreció como medidas compensatorias para el municipio -360.000 euros- ni la compra del 10 % del aprovechamiento municipal que ofreció», agregó Vilar. En su día se estimó este importe en alrededor de 1,8 millones.
Ya por entonces Vilar consideraba que los incumplimientos autorizaban al ayuntamiento a incautar el aval de 1'5 millones de euros. Ahora cuentan con el dictamen favorable por parte del Consell Jurídic Consultiu.
El agente urbanizador alegó que la oferta vinculada al PAI, que se formalizó en el año 2003, estaba basaba en la LRAU y que la ley urbanística posterior prohibía expresamente que el agente urbanizador comprara el 10 % del aprovechamiento. Además, añadía que fue el ayuntamiento el que le ordenó «por escrito» que paralizara los obras hasta que se registrara la reparcelación, que fue anulada por los tribunales, por lo que consideraba que, mientras no se resolviera el recurso pendiente, no podía retomar las obras.
El dictamen ya está en posesión del consistorio ahora en manos de Ramón Pascual García (del PP) tras el vuelco electoral del pasado mayo. Será el nuevo ejecutivo el que deba dar los siguientes pasos para hacerse con el aval «y poder resarcir a los afectados y también las arcas municipales. Nosotros ahora estamos en la oposición pero vamos a mantener la presión para que la situación no vuelva a dejarse en un cajón y se olviden las obligaciones de la administración municipal que pasan por velar por los intereses de los vecinos», argumentó ayer Mª Antonio Vilar.
La anterior alcaldesa considera que la zona del PAI, ahora urbanizable, debería en el futuro volverse a considerar legalmente como rústica urbanizable.
