El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, (TSJ),ha dado la razón al Ayuntamiento de Corbera y le permitirá abaratar el coste de los terrenos expropiados que se sitúan en la falda de la montaña del castillo. Frente a los 2.651.096 euros que reclamaba la familia propietaria, el consistorio solo deberá abonar 130.120 euros. La rebaja, más que sustantiva, ayudará a las arcas públicas a rebajar el coste de la recuperación del entorno de la fortaleza medieval, hoy muy deteriorada.La sentencia es firme. «Es una buena noticia para Corbera», proclamó ayer el acalde, Vicent Marrades. «Supone que el pueblo no tenga que pagar la barbaridad que se exigía», precisó.
La montaña más identificativa de Corbera está clasificada como suelo rústico de especial protección por el BIC del castillo. Y con la sentencia se avanza en la resolución global del conflicto, a pesar de que queda aún en trámite un juicio con la otra de las familias propietarias de los terrenos. El castillo también camina con paso lento hacia su restauración. Las grietas detectadas en algunos de sus muros demuestran la precariedad en la que se encuentra. La diputación, que es la propietaria, ha promovido su consolidación.
El fallo judicial deja claro que las parcelas se consideran suelo rústico porque concluye que los terrenos se valoran respecto a su realidad física (rural) y no a su clasificación urbanística (urbano). En 1991, el ayuntamiento aprobó definitivamente las normas subsidiarias de Corbera, que clasificaban la montaña y el castillo como parque público urbano. Esta consideración impedía que los propietarios de los terrenos pudieran hacer un uso diferente del que ya tenían entonces, y por el otro, los obligaba a pagar el impuesto de Bienes Inmuebles como finca urbana.
Acuerdo o a los juzgados
La legislación urbanística resuelve esta contradicción forzando las administraciones públicas a negociar con los propietarios una salida al conflicto y propiciar la adquisición de los terrenos. Por ello, en 2004, dos familias propietarias de, prácticamente, el 50% de la montaña del castillo solicitaron por escrito al ayuntamiento la expropiación de sus terrenos. El gobierno municipal de entonces no actuó. Y fue en febrero de 2012, cuando se introdujo por registro de entrada una nueva solicitud de expropiación valorando los terrenos en 7 millones de euros.
El Ayuntamiento rechazó esta valoración e intentó llegar a acuerdos con las familias que finalmente no aceptaron. Rápidamente, un tercer gran propietario se sumó a la solicitud de expropiación pero en este caso concreto el ayuntamiento sí llegó a un acuerdo económico. Las otras dos familias mantuvieron vivo el pleito contra el Ayuntamiento de Corbera. El consistorio también inició la compra del resto de los terrenos que conforman la montaña del castillo, mientras se hacían los trámites para desclasificar la montaña como parque público urbano y resolver definitivamente el problema.
«Trabajo lento pero firme»
Ahora, tras siete años de gestiones, el equipo de gobierno y los servicios jurídicos y técnicos del ayuntamiento han recibido la noticia con satisfacción. «Ha sido un trabajo lento pero firme, primero con las negociaciones para establecer acuerdos pero, sobre todo, en el procedimiento de defensa de las valoraciones e informes periciales y de los organismos oficiales, y posteriormente con el juicio por parte del Ayuntamiento de Corbera, en la defensa de los intereses económicos del pueblo», subrayó ayer el gobierno local.
