El gobierno de Carcaixent revocó ayer el acuerdo plenario aprobado hace un mes que disponía la elección de los concejales liberados y la cuantía de los sueldos que percibirán del ayuntamiento, pero minutos después volvió a aprobarlos, esta vez con el informe de la Intervención Municipal que el Partido Popular echó en falta y que justificó la presentación de un recurso de reposición por parte de esa misma fuerza política. Salvado ese primer obstáculo, Compromís, PSPV y el edil tránsfuga de Ciudadanos sumaron sus fuerzas para buscar resquicios legales que eviten que los representantes políticos se queden sin cobrar el mes de julio. La fórmula elegida para reconocer su dedicación, una compensación económica por productividad, tampoco gustó al PP, que anuncia más impugnaciones al ver en el operativo «una clara intención de burlar nuevamente la legalidad y asegurarse que sus errores no tengan ninguna consecuencia».
La Intervención Municipal también puso reparos al pago de la nómina de julio al entender que no es posible pagarla con carácter retroactivo y que no existe consignación presupuestaria para asumir ese gasto, hándicaps que el ejecutivo local piensa sortear mediante una modificación de crédito. El portavoz del PP, Salvador Ferrer, lamentó ayer que se organice «ese cambalache» para asegurar el sustento de un equipo de gobierno «que ha elevado un 55 % las retribuciones políticas que se pagaban en la anterior legislatura». Por contra, El alcalde, Paco Salom, defiende que la asignación que percibe continúa estando por debajo de la que cobraba la última alcaldesa del PP.
La política se judicializa
Si finalmente el Grupo Popular presenta el recurso contra el pago del sueldo de julio, camuflado como plus de productividad, que se abonará junto a la nómina de agosto, quedará acreditado que la judicialización de la política de Carcaixent ha llegado para quedarse. Las candidaturas del PP y de Units per Carcaixent contaban con una amplia representación de profesionales de la abogacía y ambos partidos están decididos a sacarle rédito a sus conocimientos jurídicos. «Habrá que actuar con mucha prudencia, pero sobre todo con mucha paciencia», terció ayer el alcalde.
Una de las principales batallas judiciales que se librarán durante la legislatura tiene como protagonista al concejal apartado de Ciudadanos por integrarse en el gobierno municipal, Juan Albert, dada la importancia estratégica de su voto, que otorga la mayoría absoluta al bloque formado por nacionalistas y socialistas. Tanto el PP como UxC han anunciado su decisión de llevar este asunto a los tribunales ante las trabas que impone la ley para conceder un sueldo a los tránsfugas.
La clave de este proceso volverá a estar en la interpretación de la ley. El TSJ valenciano ya ha dado suficientes muestras de dejar pocos resquicios a la acción de los tránsfugas, pero la misma ley se ha aplicado de un modo más laxo en otros tribunales autonómicos. En estas condiciones, todo indica que el pleito podría alargarse si alguna de las dos partes, la que pierda la sentencia, decide recurrir en casación al Tribunal Supremo.
