Los ejercicios de transparencia que se realizan en los últimos años para perseguir la corrupción política permiten conocer la declaración de bienes de los representantes municipales, caso de Alzira, cuyo balance para la actual legislatura se ha publicado esta semana a través del Boletín Oficial de la Provincia de València. Así, cuatro concejales del ayuntamiento declaran no tener bienes muebles en su posesión, mientras otros nueve manifiestan que no adeudan ni un sólo euro.
En el primer caso se encuentran Albert Furió y Marina Mir (por parte de Compromís), Gemma Alós (del PSPV-PSOE) y María Luisa Castells (del PP), mientras que no deben nada los mismos Furió, Mir y Alós, además de Alfred Aranda y Leticia Piquer (de Compromís); Fernando Pascual (del PSPV-PSOE); Bernardo Ríos (del PP); Clara Eugenia Aledón (de Ciudadanos) y Ricardo Belda (de VOX).
El nuevo concejal del consistorio por parte de la formación de ultraderecha es el que mayor patrimonio declara, con más de medio millón de euros en conjunto. En particular, declara más de 160.000 euros en bienes muebles y alrededor de 367.000 euros en otros bienes, con un activo total que se lanza hasta los 527.000 euros. El piloto jubilado es, con diferencia, el que mayor capital tiene, según este informe. Por su parte, según lo declarado, María Luisa Escribá, del PP, no declara posesiones totales, mientras arrastra un pasivo de 1.400 euros.
Situación del alcalde
El alcalde, Diego Gómez (de Compromís), cuenta con unos activos de 217.000 euros, con 107.000 euros en bienes muebles y 109.000 en otros bienes. Por su parte, arrastra un pasivo (unas deudas) de casi 43.000 euros, para unos ingresos de 45.000 euros a razón de su sueldo como máxima autoridad de Alzira. Por su parte, la número dos, Sara Garés, cuenta con unos activos de 167.000 euros, sobre todo a razón de bienes muebles. Además, cuenta con unas deudas de 30.000 euros. A nivel general, la división entre los que más declaran y los que menos no tiene nada que ver con su pertenencia a una formación política u otra.
Es más significativa la división entre los jóvenes y los más mayores. Los primeros no cuentan casi con posesiones habitacionales y totales activos llamativos, mientras los más mayores sí declaran más activos. Son por ejemplo los casos de los jóvenes representantes de la coalición Compromís Albert Furió o Marina Mir o de la socialista Gemma Alós.
La excepción que confirma la regla es el caso de Miguel Vidal, portavoz de Ciudadanos. A pesar de su juventud, el nuevo concejal declara un total activo de 248.000 euros, con unas deudas que se sitúan justo por debajo de los 80.000 euros y unos ingresos que rondan los 30.000 euros al año.
