Los vecinos más críticos con la cantera de Corbera vuelven a elevar sus quejas. En esta ocasión, lamentaron que la empresa que explota la montaña de la localidad cuente nuevamente con permisos mineros por parte de las administraciones supramunicipales para perpetuar su actividad. Algo que el presidente de la compañía, Ximo Magalló, ve como una prueba más de que, pese a la oposición de algunos de los lugareños, los trabajos mineros se amparan a la normativa y están exentos de las irregularidades que éstos denuncian.
«El 29 de junio expiraba el permiso de minas anteriormente concedido por la Conselleria de Economia Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. Y, finalmente, ¡sorpresa! Responsables del gobierno municipal nos informaron que la conselleria lo había resuelto. El jefe del Servicio Territorial de Industria y Energía aprobó el proyecto de voladuras presentado por la empresa. Para asombro de los vecinos de Corbera, el responsable de la conselleria establecía algunas condiciones incumplidas con anterioridad y posterioridad a la fecha de autorización, entre otros desajustes», lamentaron los integrantes de la Plataformade Veïns Contra la Pedrera de Corbera.
No obstante, el responsable de la empresa explotadora de la cantera defendió su actividad: «Tanto el plan de labores como los proyectos de voladuras pasan por una serie de controles muy estrictos. Si el más mínimo detalle de nuestro trabajo se hiciera mal, Minas no nos renovaría dichos permisos cada año y para ello se pasa incluso por la Abogacía de la Generalitat. Si hubiera alguna irregularidad, se hubiese anulado al instante y se pararía la mina», defendió Magalló.
Carta abierta
La plataforma vecinal creada para hacer frente a la cantera ha denunciado en una carta abierta dirigida a los consellers Mireia Mollà y Rafael Climent y al presidente Ximo Puig que la cantera «contaba con muchas irregularidades desde los años 90». «Además, desde 2018 la empresa de áridos explota el monte sin el pertinente permiso del ayuntamiento de la localidad. Era y es indignante: ¿Acasp cualquier vecino podía o puede mantener abierto un negocio sin la licencia municipal correspondiente», apuntaba la plataforma.
Unas críticas a las que respondió el propio Magalló: «He pedido hasta cuatro licencias al ayuntamiento y el alcalde no me las quiso conceder. En diciembre de 2017 solicitamos una licencia urbanística y a los meses nos contestan que no nos concedían una licencia de obra, cuando no era lo que quería. Así que en julio de 2018 pedimos la de obra y no nos la dan porque nos dicen que no respetamos las distancias, cuando es totalmente falso. En enero de este año volvimos a pedir la licencia de actividad completa y se nos vuelve a negar. En abril, tras presentar también la licencia de obra visada por el colegio de arquitectos me vuelven a decir que no y que necesito una urbanística. Además, hay que recordar que el mismo alcalde que nos las negó nos las había concedido anteriormente y que este asunto está judicializado, tenemos casi veinte contenciosos pendientes».
«El problema principal que existe es que los ayuntamiento no deberían cuestionar temas que están controlados por profesionales, no pueden estar en manos de políticos que están de paso», sentenció Magalló.
