El PP quiso asestar un golpe al bipartito en una de esas cuestiones que tradicionalmente ha abanderado la izquierda: las políticas sociales. Los populares reclamaron al gobierno alcireño que pusiese (o consiguiese de administraciones superiores) todos los medios necesarios para erradicar la prostitución tanto en espacios públicos como en algunas de sus vías de acceso. Un claro ejemplo es el caso de la carretera que une la capital de la comarca con Alberic, en cuyas rotondas se encuentran, habitualmente, jóvenes explotadas en condiciones que el propio PP calificó de infrahumanas. También alertó del peligro para la seguridad vial que entraña.

En su denuncia, los populares recordaban que el Ayuntamiento de Alzira «cuenta con una Ordenanza de Protección del Espacio Urbano, desde el año 2010, que regula las normas de conducta y el régimen de sanciones por demanda de servicios sexuales» e instaban a que se aplicara a rajatabla ya que, a su juicio, no se hacía con la contundencia necesaria. Gómez lo negó rotundamente: «Somos una ciudad muy sensibilizada con los problemas que sufren las mujeres. Nuestra Policía Local realiza regularmente acciones contra estas actividades igual que trabaja en casos de violencia machista. Pero esto es un problema del Estado en el que, como mucho, podemos colaborar con el Gobierno».