La muerte a tiros del novillo que se escapó el pasado sábado de la plaza de toros cuadrangular de Algemesí mantiene en guardia a las asociaciones animalistas, que han puesto en su punto de mira al Ayuntamiento de Algemesí para exigir que se depuren responsabilidades por la muerte a balazos del astado, que recibió al menos una veintena de disparos de agentes de la policía local. El sacrificio se decidió tras registrarse tres heridos entre los ciudadanos que huían asustados del peligro que representaba el toro en las calles. La Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales (ANPBA), sin embargo, reprocha que se matara de esa manera al novillo en lugar de atraparle con la ayuda de dardos anestésicos.
ANPBA ha presentado sendos escritos, ante la Generalitat y la Delegación del Gobierno para que se inicien investigaciones que determinen las «presuntas responsabilidades» en las que pudiera haber incurrido el Ayuntamiento de Algemesí, dada su función «in vigilando» y su «posición de garante». Y junto al consistorio, pide identificar a otros posibles responsables, por la huida de un novillo y un cabestro de los corrales del coso taurino. Los animalistas tildan de «espantosa» la muerte del novillo «que fue acribillado con 27 disparos», una situación que, destacan, «no habría acaecido si las medidas de seguridad hubiesen sido las apropiadas».
«Acorralado junto al río»
La asociación subraya que el ayuntamiento ha reconocido en un comunicado que ninguno de los tres heridos leves lo fue por asta de toro y que el novillo fue «abatido por agentes de la policía cuando la situación era segura». Por ello, considera imprescindible aclarar por qué no se utilizaron dardos tranquilizantes «ya que el novillo, en el momento del tiroteo, se encontraba acorralado junto al río y la situación era segura», según admiten los responsables municipales. «El hecho de que se tratara de un animal no humano no descarta, a priori, que se le pudiera dar un trato humanitario utilizando dardos», añaden.
ANPBA también ha solicitado a la Delegación del Gobierno que inicie una investigación «para determinar si el titoreo del animal «se ajustó a la legalidad, según lo previsto en la normativa de aplicación y concordantes».
