Los vecinos de Polinyà que solían reunirse en una tertulia en la tienda del «So Primitivo», alrededor de media docena, acabaron por impulsar a principios del año 1919 la constitución de la Sociedad Obrera de Jornaleros del Campo y Varios Oficios. La organización tenía por objeto «despertar y extender el espíritu de solidaridad y acción entre la clase obrera (...) formando un núcleo de fuerza que trabaje por los intereses y mejoramiento de la clase jornalera, contra las expoliaciones y abusos de los capitalistas», según rezan los estatutos fundacionales de una entidad que, cien años después, continúa activa y mantiene vivo el compromiso con la clase trabajadora.
Los orígenes de la Societat Obrera de Polinyà se enmarcan en una época de efervescencia en que proliferan este tipo de entidades de carácter sindical sin adscripción política -valga como ejemplo que el mismo año se constituyeron sociedades similiares en Sollana o Benicull-, con una doble función: negociar las condiciones de trabajo en el campo y controlar que se cumpliera lo acordado, explica el bibliotecatario de Polinyà y coautor de un trabajo sobre el asociacionismo obrero en la localidad, Eduard Gay, quien comenta que dentro crecerían entidades sindicales. En el caso de Polinyà, la CNT era mayoritaria. «Se forman asociaciones de jornaleros para ir a negociar con los propietarios los jornales que tenían que pagar, cuántos, dónde tenían que ir a buscar jornaleros y cuándo podían ir a buscar a gente de fuera», apostilla Joan Andrés Terenti, actual secretario a la Societat Obrera.
El periódico «El Defensor del Obrero» detalla en una publicación de 1920 que la entidad contaba con 335 socios, a los que había que añadir 50 mujeres que integraban la Unión Femenina de Polinyà, una cifra nada desdeñable si se tiene en cuenta que el municipio contaba entonces con cerca de 1.500 habitantes. Hoy aún agrupa a unos 250 socios.
Con todo, la historia de la Sociedad Obrera de Polinyà es la historia de la lucha por la recuperación de la sede social construida a principios de los años treinta y durante la Segunda República, bien con la adquisición de acciones de 25 pesetas por parte de los afiliados o aportando el trabajo propio. El edificio que hoy hace chaflán en las calles Perales e Igual y Pío XII fue inacautado al finalizar la Guerra Civil. El régimen franquista aplicó a la Societat Obrera la denominada Ley de Responsabilidades Políticas de 1939 al considerarla hostil al Movimiento y el inmueble que había acogido al mismo tiempo las sedes de la CNT y de UGT pasó a manos de la Falange y con posterioridad de la Hermandad de Labradores y Ganaderos.
La Sociedad Obrera había sido disuelta por su fidelidad a la causa republicana, pero seguía viva para sus integrantes, que con la muerte de Franco y el regreso de la democracia constituyeron en 1977 una junta gestora encargada de recuperar la memoria, el patrimonio y la tradición de la entidad original. En este proceso de refundación aprobaron los nuevos estatutos en 1978. «Se reorganizaron, se registraron como una sociedad sindical, lo que ya figuraba en los estatutos originales, y el objetivo principal desde el primer momento fue recuperar el local como herederos de la Societat Obrera», relata Joan Andrés, quien detalla que fueron Juan Bautista Colomer, Francisco Puig y Joaquín García los que, desde el primer momento, se dirigieron a las autoridades correspondientes para formular esta reclamación «aunque sólo recibían largas».
No obstante, su trabajo callado, su insistencia, daría con el tiempo sus frutos. El secretario de la organización recuerda que cuando en 1986 el Gobierno aprobó la Ley de Cesión de Bienes del Patrimonio Sindical, UGT, a través de Paulino Barrabés -«hay nombres que no se olvidan», apunta Joan Andrés- realizó el primer movimiento para reclamar el inmueble de Polinyà. «Como nosotros lo habíamos estado reclamando nos lo notificaron, hicimos un pliego de alegaciones y ahí empezó la batalla legal, porque tanto UGT como la CNT reclamaron el local».
Recurso al Tribunal Supremo
Los esfuerzos de los representantes de la sociedad no impidieron que el Consejo de Ministros acordara la cesión del local a ambos sindicatos y la Societat Obrera tuvo que recurrir en 2008 al Supremo. Pese a los informes en contra del Abogado del Estado, el Alto Tribunal reconocía a mediados de 2010 que la Sociedad Obrera de Polinyà era la legítima sucesora de la constituida en 1919 y que correspondía devolverle la sede incautada. No obstante, la felicidad no sería absoluta ya que la CNT interpuso un último recurso de unificación de doctrina contra esa resolución, que no se resolvió hasta diciembre de 2017, en contra de sus pretensiones. «Fueron 33 años, hasta 2010, de lucha legal y luego la espera hasta 2017 en que el Supremo desestimó el recurso de la CNT», explica Andrés Terenti. Cuarenta años en total de los cien de historia de una entidad que quiere aprovechar el centenario para reinventarse, dar un nuevo aire y rejuvenecerse.
«Nos hubiera gustado hacer más cosas con motivo del centenario, pero la falta de medios y de tiempo lo ha impedido», comentael actual presidente, Antonio Serrano, quien destaca que la sentencia del Supremo fue «una de las últimas alegrías» que tuvo su antecesor, Juan Bautista Colomer, tras una larga lucha.
