? Todos los implicados en el proceso admitieron los delitos que se les atribuían, lo que propició una rebaja de penas, y ningún implicado ha acabado en la cárcel. El caso se remonta al año 2003 cuando la empresa Morarim impulsó en diferentes enclaves declarados como suelo no urbanizable la construcción de viviendas que se ofrecían a ciudadanos extranjeros como parte de un área residencial que contaría con un lago, un campo de golf, un centro comercial, una comisaría e incluso un hotel «que ni siquiera constaban como proyectados».
J. Carrión, entonces alcalde, no sólo no hizo cumplir la ley, sino que participó como electricista en algunas obras, según el fallo.
