La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado íntegramente las condenas impuestas por la Audiencia de Valencia a los 16 implicados en la causa abierta por corrupción urbanística en Montroi, entre ellos el exalcalde Francisco Javier Carrión (PP), tras desestimar los recursos interpuestos en casación tanto por el ayuntamiento, declarado en primera instancia responsable civil subsidiario de Carrión, como por la aseguradora con la que el consistorio tenía concertada esa cobertura.
El Alto Tribunal confirma la pena de dos años de prisión por un delito continuado de estafa en concurso con un delito contra la ordenación del territorio para el promotor de las viviendas en suelo no urbanizable, Guillermo Alba, y de un año y diez meses de prisión a Javier Carrión como cooperador necesario, así como las condenas del resto de implicados, entre ellos dos notarios y un Registrador de la Propiedad. Sólo queda por determinar en la fase de ejecución de sentencia el impacto que la misma tendrá en las arcas municipales, ya que el fallo mantiene la obligación de indemnizar de forma subsidiaria a los afectados con las cuotas de urbanización que corresponda ya que considera probado que se produjo un engaño al hacer creer a los compradores que adquirían una parcela en una urbanización con todos los servicios básicos -la sentencia recoge una primera estimación que cifra en 4,1 millones de euros el coste de urbanizar los diferentes sectores en que se localizan las 114 viviendas construidas- y establece además el pago de una indemnización de 1.418.358 euros.
La resolución del Supremo es a priori favorable a los intereses del ayuntamiento frente a la compañía aseguradora que, en su recurso, trató de argumentar que la póliza concertada establecía un límite de 150.000 ? por siniestro, por lo que argumentaba que su responsabilidad no podía exceder la cantidad establecida en el contrato. La sentencia, no obstante, concibe el caso de esta estafa urbanística como «una pluralidad de actos», lo que a priori trasladaría ese límite a cada una de las 95 compraventas que se produjeron. Cabe señalar que los afectados adelantaron cantidades que oscilan entre 247.327 y 55.000 euros. Si en la fase de ejecución de sentencia se aplica esta interpretación, se estima que el grueso de la indemnización de 1,4 millones deberá asumirla la compañía aseguradora.
El impacto principal para el ayuntamiento procederá de las cuotas de urbanización. La propia sentencia de la Audiencia reconoce que el consistorio de Montroi ha iniciado los trámites para modificar el Plan General de Ordenación Urbana con la finalidad de garantizar las propiedades de aquellos que compraron «de buena fe», dotando a la zona de los suministros básicos. La ordenación en la que se trabaja permitirá reducir sustancialmente la estimación de más de cuatro millones que aparece en la sentencia, aunque la inversión que requerirá se presume importante. También en la fase de ejecución de sentencia se deberán concretar el importe de los intereses.
