La sentencia del Tribunal Supremo sobre la estafa urbanística en Montroi tendrá un impacto limitado en las arcas municipales, pese a la condena al ayuntamiento como responsable subsidiario de la actuación del exalcalde Francisco Javier Carrión.
El abogado que ha representado al consistorio en el proceso, Miguel Maldonado, explicó ayer que tanto las cuotas de urbanización de los afectados que impone la sentencia del Alto Tribunal como la indemnización de 1,4 millones que se debe abonar a aquellas familias que entregaron dinero a cuenta y no recibieron su vivienda están cubiertas por las pólizas de seguro que tenía concertadas la corporación y, en este segundo caso, el contrato contempla una franquicia de 1.500 euros que el ayuntamiento deberá abonar por cada uno de los afectados por la estafa. El letrado estimó que no hay ningún caso que supere los 150.000 euros que la póliza fija como límite de cobertura.
Maldonado también señaló que muchos de los compradores iniciales afectados por la estafa -se trataba mayoritariamente de jubilados ingleses- han vendido sus bienes y se han marchado. En sentido, indicó que, a la hora de aplicar la sentencia, habrá que diferenciar entre aquellos que fueron engañados y mantienen su vivienda, que quedarán exonerados de pagar las cuotas de urbanización, mientras que aquellos que han comprado a posteriori sí tendrán la obligación de contribuir a las cargas urbanísticas. El letrado comentó que en el marco de una condena, que es el peor escenario que se puede contemplar, la situación es para el ayuntamiento «la menos mala».
Miguel Maldonado recordó que el acuerdo alcanzado por el exalcalde Javier Carrión con el fiscal, que contemplaba una sustanciul rebaja de la pena por la confesión, dejó al Ayuntamiento de Montroi «sin posible defensa».
«Preocupación» municipal
Como ayer adelantó en exclusiva Levante-EMV, el Tribunal Supremo ha confirmado íntegramente las condenas que impuso la Audiencia de Valencia en la causa por corrupción urbanística de Montroi, tras desestimar los recursos interpuestos por tanto por el ayuntamiento como por la compañía aseguradora para tratar de evitar la responsabilidad subsidiaria.
La actual alcaldesa de Montroi, Vanesa Baixauli, reconoció ayer que la sentencia «preocupa» al gobierno municipal desde el momento que puede comprometer recursos económicos, defendió que se está trabajando para ordenar el núcleo de Els Mallars donde se concentran la mayor parte de viviendas implicadas en este proceso y, en última instancia, se mostró precavida a la espera de que todo se concrete en la fase de ejección de sentencia, ya que también incidió que en que habrá que depurar la lista de los propietarios que no tienen obligación de pagar las cuotas de urbanización. «El ayuntamiento ha hecho todo lo que ha podido, no ha dejado de trabajar y estamos intentando modificar el plan genral para que ese suelo sea urbanizable», comentó Baixauli.
