Las ofertas recibidas de potenciales compradores del Monasterio de Aguas Vivas no han cubierto, ni de lejos, las expectativas y el conjunto, declarado Bien de Interés Cultural, ha sufrido un proceso de degradación desde que la empresa titular entrara en concurso de acreedores y cesara su actividad en este recinto, que utilizaba como sala de banquetes. La Conselleria de Cultura realizará los oportunos requerimientos a la propiedad para que cumpla con el deber de conservación del inmueble y evite el deterioro, aunque de entrada asume que las posibilidades son muy limitadas.

Éstas son las principales conclusiones de la reunión mantenida ayer en la Barraca por los alcaldes de Alzira y Carcaixent con representantes de la conselleria y el administrador concursal -también la alcaldesa de la Entidad Local Menor- ante la preocupación expresada por el deterioro de este conjunto histórico como consecuencia de los robos y acciones vandálicas sufridas. «Estamos preocupados por la protección del edificio y nos hemos reunido para definir el ámbito competencial de cada uno y, a partir de ahi, actuar para prevenir el vandalismo, el instrusismo y los robos», explicó el alcalde de Carcaixent, Paco Salom, mientras indicaba como principal conclusión del encuentro que la Administración autonómica realizará los requerimientos necesarios a los propietarios para abir un proceso cuyo final resulta una incógnita. «Es un expediente complejo, afecta a varios ayuntamientos, hay diferentes propietarios.... Hay muchas cosas que aclarar y la predisposición es buena por parte de todos. Si el propietario no está en condiciones de actuar, el requerimiento se puede dirigir a los ayuntamientos pero no sabemos qué determinará la conselleria», dijo.

El alcalde de Alzira, Diego Gómez, planteó que la Generalitat contemplara la compra, si bien hubo argumentos que alertaron de que una operación así sólo se puede abordar si se tiene claro qué se va a hacer con el monasterio y cuestionaron que se pueda acometer la compra y posterior rehabilitación ante la falta de recursos públicos, por lo que abogaron por facilitar la venta a un inversor que dé un uso al conjunto.

«La obligación es del propietario y la Administración identificará al titular e instará a que cumpla con sus obligaciones, pero todos somos conscientes de que las posibilidades reales de la Administración y de la propiedad son muy limitadas», indicaron fuentes consultadas. Al parecer, un fondo de inversión tiene los derechos del titular.