El gobierno local defiende que a ningún político le gusta subir los impuestos. «Pero hoy es una medida tan impopular como necesaria», señala. Los funcionarios han vivido durante años con sueldos que no se actualizaban, las sentencias urbanísticas siguen imponiendo indemnizaciones muy onerosas y el coste de los servicios crece». Ante esa tesitura, Compromís y PSPV optaron por incrementar el IBI. El aumento del tipo impositivo se quedará, no obstante, por debajo del 0,936 alcanzado en 2012 tras las repetidas subidas del PP.
En plena crisis económica, la entonces alcaldesa, Lola Botella, incrementó la recaudación de impuestos de manera progresiva durante varios años porque consideró que era necesario. En 2007, el IBI alcanzó, según datos del Ministerio de Hacienda,el 0,75. El año siguiente pasó al 0,8; en 2010, al 0,85; en 2011, al 0,9; y en 2013, al 0,936. A ello se sumó la revisión catastral de 2012 (o como muchos lo llamarían posteriormente, el «catastrazo»).
«Cuando el gobierno del PP aprobó una nueva ponencia de valores catastrales, la base imponible que se aplica al IBI se disparó. En algunos casos, el valor de las casas se multiplicó por seis», enfatiza el actual edil de Hacienda, Vicent Lluís Roca. «Por ese motivo, cuando entramos a gobernar, intentamos congelar el recibo del IBI deduciendo el tipo impositivo, que junto a la base imponible son los dos factores que ayudan a calcular el importe. En cinco años, hemos hecho los ajustes necesarios para recaudar siempre los mismos impuestos. Además, al tener que dejar pasar un tiempo tras la revisión catastral, solicitamos coeficientes reductores de los valores catastrales, de modo que se rebajaron un 9 % y un 7 % en los últimos años, mientras que en 2020 bajará un 3 %».
Roca defiende que la fórmula de congelar los impuestos cinco años ya no vale en un escenario en el que gasto del ayuntamiento crecerá: «Necesitamos más ingresos. Todo cuesta dinero. Estamos ante un año en el que tendremos que afrontar una prórroga del servicio de basuras. Tenemos que asumir el pago de sentencias que el consistorio tiene pendientes tras la nefasta gestión del PP entre 2011 y 2015. A eso se suma el incremento salarial de los funcionarios tras la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo, algo que nada tiene que ver con los sueldos de los políticos, como se ha mezclada de manera intencionada por parte de la oposición», comentó al concejal.
«Aplicar la justicia social»
«A fin de cuentas, se trata de aplicar el principio de justicia fiscal. Podríamos haber subido otras tasas, pero eso habría perjudicado a muchas personas. Si, por ejemplo, duplicamos la tasa de la basura, pagaría lo mismo el que tiene más recursos que el que tiene menos. De ahí que sea más justo repercutirlo en el IBI. De ese modo, algunos recibos subirán 15 euros mientras otros crecerán en 300 euros. En base a las simulaciones que hemos hecho, para un piso de unos 80 m2 en una calle normal, alrededor del Mercat, tendrá un incremento de 70 u 80 euros», sentenció el concejal.
