La tensión ha presidido en ocasiones las sesiones plenarias. De manera especial aquellas en las que se debatía un cambio de gobierno a través de una moción de censura. La comarca las ha vivido de todos los colores. Desde las más insulsas hasta las más polémicas. Sollana, Almussafes, Real, Carcaixent, Corbera o Benifaió son solo algunos ejemplos. Aunque hay una que destacó por encima del resto: la de Alzira. Fue el 20 de diciembre de 1992, hace ya veintisiete años. Pedro Grande consiguió arrebatar la alcaldía al también socialista Francisco Blasco. Una lucha cainita. La larga y descarnada batalla interna se trasladó al ayuntamiento. Los seguidores de Blasco abarrotaron el salón consistorial, mientras otras mil personas siguieron la sesión a través de la megafonía instalada en la plaza.
Unos defendían la censura para «poner fin a una etapa negativa» que provocó que hasta nueve concejales socialistas se alejaran de las directrices dictadas por Blasco. Sus seguidores lanzaban gritos e insultos. «El pueblo de Alzira no os quiere», «El alcalde lo elige el pueblo y no vosotros, payasos» o «Lermistas, lermistas, vosotros sois los terroristas» fueron algunas de las proclamas que se escucharon en aquel pleno. Tras la votación y las palabras del secretario que certificaron el traspaso de poderes se dio paso a una atronadora pitada y al lanzamiento de huevos, tomates y harina, que impactaron en los representantes del pueblo. Aquella imagen tan denigrante pasó a la historia.
Tensión política en Favara
Menos impactante, aunque también tenso, fue el pleno en el que Pedro Juan Victoria (PP) se hizo con la alcaldía de Favara. Esa localidad de la Ribera Baixa vivió hasta dos mociones de censura en algo más de diez años. En 1992, Antoni Cuñat (EU-l'Entesa) obtuvo la vara de mando tras arrebatársela al socialista Cayetano Julián con el apoyo del PP. Un 29 de diciembre de 2003, el mismo PP se la quitó con el apoyo del PSOE y el Bloc. La factura del cúmulo de descalificaciones que se lanzaron aún se está pagando con una clara fractura de la izquierda que sigue patente en los últimos meses a propósito de las múltiples maniobras para controlar la Mancomunitat.
Otro corrosivo altercado se vivió en Villanueva de Castellón. El actual alcalde ha reabierto el debate sobre el cambio de topónimo, un asunto que provocó graves incidentes en enero de 1994. La Generalitat llegó a aprobar la denominación Castelló de la Ribera (defendida en el ámbito local por los partidos de izquierda) mientras la derecha reivindicaba la fórmula Vilanova de Castelló. En el pleno de debate de las alegaciones contra el nuevo topónimo, el hemiciclo castellonense se llenó de vecinos y otras cuatrocientas personas se manifestaron en la calle al no poder entrar -se instalaron estrictas medidas de seguridad para no permitir la entrada una vez cubierto el aforo-. El alcalde, Antoni Vizcaíno, tuvo que salir escoltado del ayuntamiento, aunque eso no evitó que recibiese una patada por parte de uno de los vecinos. Los concejales del PSOE y EU fueron blanco de un amplio abanico de insultos y amenazas de muerte. Para evitar que se repita aquello, el actual gobierno local aboga por alcanzar el consenso.
El de Carcaixent es el último episodio que merece la pena olvidar o al menos mantener en la memoria como ejemplo de mal uso de las instituciones. En esta ocasión era una sesión ordinaria como otra cualquiera. La oposición exigió el ejecutivo local una bajada de sueldos y animó, durante días, a que la gente tomase el salón de plenos. El alboroto fue tal que el pleno se suspendió y el alcalde y los suyos tuvieron que abandonar el pleno custodiados por el dispositivo policial.
