El grupo municipal de Compromís aprobó el jueves en solitario el cambio del topónimo Villanueva de Castellón por la forma en valenciano Castelló tras recibir el informe favorable de la Acadèmia de la Llengua. No hubo consenso en el pleno -tanto el PP como Esquerra Unida y el PSOE se abstuvieron-, pero tampoco oposición. De hecho, la portavoz popular, Vicen Caerols, dejó entrever su conformidad con la propuesta que los nacionalistas incidieron en presentar como una alternativa de consenso. «Mientras sea sólo Castelló, vale, esperamos que se quede así a ver qué pasa y que no haya coletillas ni apellidos ni historias», expuso Caerols. El alcalde, Òscar Noguera, respondió que si finalmente el Consell no aprobara esta denominación se consensuaría un nuevo nombre «entre todos».

El PSOE, por su parte, no cuestionó el nuevo topónimo, pero reclamó una consulta popular para que los vecinos se pronuncien sobre la propuesta, una posibilidad que Compromís, como grupo mayoritario, descartó. Por un lado, lamentó que no se hubiera planteado esta demanda antes de recabar el informe de la AVL y alegó que la normativa que regula la celebración de consultas establece que deben abordar temas de competencia municipal -la aprobación del topónimo depende en una última instancia del Consell- y deben ser autorizadas por el Gobierno central, lo que demoraría el proceso. Los nacionalistas defendieron que no se puede someter a votación un asunto que corresponde a «historiadores, lingüistas e investigadores» y, por último, expresaron su temor a que una consulta popular volviera a polarizar la sociedad local con la creación de dos bloques. La portavoz socialista, Horte Gómez, incidió en que la participación de los vecinos reforzaría el cambio de topónimo y, al no prosperar su propuesta, el PSOE se abstuvo.

El concejal de EU Bryan Richart, socio de Compromís en el gobierno local, expuso la voz más crítica al posicionarse abiertamente a favor de la denominación Castelló de la Ribera -nadie aludió a la otra alternativa que protagonizó el conflicto en los años noventa, Vilanova de Castelló- y auguró que, si finalmente prospera el término Castelló, «los problemas que nos va a generar obligarán a volverlo a cambiar» ya que entiende que generará confusiones con otros pueblos. Richart aludió a los incidentes que se produjueron con el anterior cambio en el año 1994 y señaló que el respeto a los compañeros de EU que sufrieron la «intolerancia» empujaba al grupo actual a votar en contra de la propuesta, mientras la fidelidad como miembro del gobierno le sugería un voto afirmativo. Finalmente el colectivo optó por abstenerse.

El edil de Compromís Lluís Piqueras reivindicó que, frente a las diferentes sensibilidades, se había buscado la «mediación» del organismo competente, la AVL, que ha dado el visto bueno a la forma Castelló. Por su parte, el alcalde defendió que, en base a las intervenciones, «prácticamente todos estamos de acuerdo» en torno a la propuesta, por lo que dará continuidad al expediente. Tras la aprobación en pleno se abre un plazo de 20 días hábiles de alegaciones que la corporación deberá resolver antes de remitir la propuesta a la Generalitat para su aprobación definitiva.