Algo más de doce años han pasado desde que se inauguró el Pont de la Bega de Cullera y la infraestructura ya ha demostrado sus deficiencias porque las planchas metálicas que recubrían los laterales presentaban un importante riesgo de desprendimiento. El ayuntamiento se ha visto obligado a retirarlas ya que su situación se había vuelto especialmente delicada tras los efectos del temporal Gloria, cuyas fuertes rachas de viento empeoraron el problema. Para colmo, el gobierno local subrayó ayer que la obra «tuvo un sobrecoste de 5 millones» y es una de las actuaciones que posteriormente lastró la economía del consistorio.

Con la ayuda de un sistema de elevación, el consistorio ha quitado las planchas que estaban en la cara norte para evitar que caigan al río o a la vía pública. Estas chapas presentaban problemas de sujeción y mantenimiento que atentaban contra la seguridad de las personas, según detallaron ayer fuentes municipales.

La fuerza del viento y la mala fijación desde el momento inicial de la construcción del puente, ahora cerca de trece años, habían soltado las planchas metálicas y ello suponía un peligro para la seguridad ciudadana. El Pont de la Bega es una infraestructura prácticamente nueva en términos urbanísticos. Las malas condiciones climatológicas del último mes solo han hecho que volver a sacar a la luz los problemas que presenta desde su construcción.

Sobrecoste de 5 millones

Y es que tal y como señaló el concejal de Urbanismo, Bernat Escolá, «este es uno más de los numerosos despropósitos de una infraestructura que data del año 2007 y que acumuló un sobrecoste de 5 millones de euros que todavía seguimos pagando a través del plan de ajuste».

Escolá indica que el Pont de la Bega, «ha supuesto desde su construcción una fuente de problemas para Cullera». «Es el símbolo de unas políticas irresponsables que en el pasado endeudaron a nuestra ciudad e hipotecaron el ayuntamiento durante décadas», apuntaba a continuación el responsable actual de Urbanismo.

«Ahora hemos tenido que actuar nuevamente, añadiendo un gasto más al erario público, para tratar de garantizar la seguridad de las personas», concluyó Escolá.