El plan contra la exclusión financiera impulsado por la Generalitat Valenciana para ubicar cajeros automáticos en municipios que carecen de sucursal bancaria, una iniciativa enmarcada en las acciones contra la despoblación, permitirá a pueblos como Sellent o Cotes contar por primera vez en su historia con este servicio. Son dos de las nueve localidades de la Ribera que se han adherido a este programa del gobierno autonómico, que el martes publicó las bases que regulan las subvenciones que la Administración concederá a las entidades bancarias para acercar este servicio a ciudadanos que tienen que desplazarse a otro municipio para realizar algo tan común como sacar dinero. La Generalitat ha distribuido en cuatro lotes los 124 pueblos que han solicitado ser benefiicarios de este programa y, en el caso de la Ribera, figuran en la Zona 4 los municipios de Beneixida, Benicull, Benimuslem, Cotes, Llaurí, Sant Joanet, Sellent, Senyera y el Mareny de Barraquetes.
La mayoría de ellos contaba con una sucursal bancaria que cerró como consecuencia del proceso de concentración registrado en el sector en los últimos años y los recortes para reducir costes. En algunos de ellos aún pudieron disfrutar durante un tiempo de un cajero automático, que también se acabaría trasladando, aunque al menos en el caso de los vecinos de Cotes y Sellent no han contado nunca con este servicio. Las entidades bancarias ubicadas en Càrcer y Alcàntera han sido tradicionalmente las referencias más próximas. Por su parte, el Ayuntamiento de Llaurí solicitó su adhesión al contar con una delegación de una sucursal de Cullera que sólo abre tres días a la semana. «No tenemos oficina propia y somos conscientes de que cuando digan se ha acabado, nos quedamos sin servicio», comentó la alcaldesa, Anna González.
La directora de la Agenda Valenciana Antidespoblament, Jeanette Segarra, que el martes se reunió en Alzira con los alcaldes de la Vall del Xúquer o Vall de Càrcer que han buscado su ayuda ante la preocupante tendencia que presentan sus respectivos municipios desde el punto de vista demográfico, destacó la apuesta de la Generalitat por llevar este servicio a aquellos municipios que han abandonado los bancos al no ver posibilidades de negocio. Segarra detalló que el plan contempla la implantación de cajeros durante los próximos cuatro años con un coste para las arcas autonómicas de entre 10.000 y 11.000 euros anuales por cajero. Según las bases reguladoras, los ayuntamientos deberán ceder un espacio para la instalación del cajero en la casa consistorial.
Tanto la alcaldesa de Sellent, Raquel Sancho, como la de Cotes, Rosa Emilia Lorente, coincidieron en señalar que se trata de un servicio básico, especialmente en municipios donde hay mucha gente mayor. «Nunca hemos tenido servicio bancario y hay mucha gente mayor en Sellent que depende de alguien para ir a sacar dinero o simplemente para tener la libreta al día», comentó la alcaldesa de Sellent. Lorente, por su parte, contempla la instalación de un cajero -a la espera de que las entidades concurran a la convoctoria realizada por la Generalitat y ésta adjudique los diferentes lotes- como un mecanismo contra la despoblación. «Cuantos más servicios hay en un pueblo menos gente se va», indicó.
El alcalde de Sant Joanet, Santiago Enguídanos, comentó que tanto en el caso de su municipio como en la vecina Senyera, las oficinas bancarias que prestaban servicio cerrarron hace algunos años aunque la entidad titular mantuvo todavía un tiempo los cajeros automáticos. «Ahora no tenemos ningún servicio bancario», confirmó, mientras incidía en que es algo necesario y reiteraba el mismo argumento que el resto de alcaldes: «La gente mayor no puede desplazarse».
Beneixida contó en su momento con una sucursal que, llegado el momento, cerró sus puertas y el pueblo se quedó sin servicio. «Cajero no hemos tenido nunca, la oficina la cerraron y estamos sin oficina, sin cajero y sin nada», resumió la alcaldesa, Begoña Lluch, quien recordó que el ayuntamiento solicitó a una entidad poder contar con la unidad móvil «pero no sé ni si nos llegaron a contestar».
Anna González, por su parte, detalló que la oficina de Llaurí desapareció como tal y ahora depende de la sucursal de Cullera por lo que ofrece servicio tres días a la semana, que alterna con Favara. Cabe señalar que Llaurí es el único municipio que aparece en el listado de 155 localidades de la Comunitat Valenciana declaradas de alto riesgo de despoblación por la Generalitat.
