Un error de procedimiento en el año 2010 y el empeño en cerrar el centro de un competidor llevaron, al finalizar el curso en 2019, al cierre del centro de educación infantil Sambori. De nada sirvieron las protestas de los padres ni los innumerables recursos interpuestos por parte de la dirección del centro, ni las gestiones efectuadas para evitar ese cierre. Ahora, tras años de controversia jurídica, la Comisión Territorial de Urbanismo (CTU), ha dado su visto bueno. El problema de la guardería ha radicado en una discusión sobre la competencia para aprobar la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que es la que daba cobertura a la construcción y establecimiento de centros educativos en suelo industrial.
Sambori obtuvo la licencia de obras y de actividad en el año 2010. Sus modernas instalaciones y un proyecto educativo de calidad atrajeron a muchos padres, que se movilizaron de manera contundente contra el cierre. Un error de procedimiento, que normalmente no hubiera tenido trascendencia, acabó en los tribunales para determinar quien era el competente para aprobar definitivamente la modificación puntual que amparaba el uso educativo en suelo industrial. La justicia consideró que era la Comisión Territorial de Urbanismo y no el Ayuntamiento de Cullera el competente para aprobar la modificación puntual y, al haber sido aprobada por el ayuntamiento, fue declarada contraria a derecho.
Espera interminable
Durante la larga batalla jurídica, y una vez dictada la sentencia que consideraba competente a la Comisión Territorial de Urbanismo, el ayuntamiento volvió a aprobar una modificación puntual para permitir el uso educativo en suelo industrial y solicitar su aprobación definitiva por parte de la Comisión Territorial de Urbanismo. Más de cinco años han transcurrido hasta conseguirlo.
Pese a que el ayuntamiento había presentado diversos modificados, según lo solicitado por el Consell, se denegaban sistemáticamente en base a unos informes contra los que tanto el ayuntamiento como el propio centro alegaban de modo reiterado hasta que se les ha dado la razón. Esos informes invocaban la salud y el interés de los menores al considerar que no era aconsejable que la guardería estuviera en un polígono industrial, aunque la Ley 14/2018 clasificaba como área industrial avanzada aquella que tuviera al menos 9 de las 19 dotaciones, entre las que figura la «escuela o centro de educación infantil de primer ciclo (de cero a tres años) o ludoteca infantil, pública o privada».
La asociación de padres nunca entendió que no se pudiera permitir en Cullera un centro de educación infantil en su polígono industrial cuando la propia ley autonómica incluía esa dotación en los polígonos industriales avanzados. «Cuesta entender que lo que se ha aprobado a nivel general para la Comunitat se le vetara reiterada y sistemáticamente a Cullera que, por unanimidad, aprobó en Pleno la modificación del planeamiento», reprochan.
Incumplir plazos
Los padres tampoco comprenden la falta de cumplimiento de los plazos legales en la tramitación autonómica del caso. «El recurso de alzada interpuesto en enero de 2019 no se resolvió hasta julio, aún sabiendo que estaba en juego la continuidad de un centro y el perjuicio que se causaba a los padres y, sobre todo, a los menores. Y a pesar de que se le dio la razón al centro en todas las cuestiones de fondo, ordenó la vuelta a la CTU de la modificación del PGOU para su aprobación definitiva, lo que ha tardado otros siete meses, pese a saber las consecuencias de su falta de resolución», lamenta la AMPA.
Y ahora, después de tanto tiempo, se reconoce que ni se incumple el decreto que regula los centros educativos ni están prohibidos los centros educativos en los polígonos industriales. «Todo ello ha perjudicado a un centro pionero y modelo en la educación de cero a tres años, un centro que nunca debió cerrar», critican las madres y padres de alumnos.
