El Colegio de Abogados de Alzira esgrimió ayer la recomendación realizada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que la asistencia a los detenidos en sede policial se realice de forma telemática -ya sea por videoconferencia o por teléfono- para criticar la inacción del TSJ valenciano y reclamar que se recurra «de forma inmediata» a las videoconferencias para reducir el riesgo de contagio de coronavirus al que, según denuncia, se enfrentan actualmente los letrados del turno de oficio.

«Hay que evitar al máximo el posible contagio de los abogados de oficio que acuden diariamente a los centros de detención y a los juzgados», expone el colegio en un comunicado que titula «los abogados de oficio solos ante el peligro», al tiempo que recuerda que, como informó en exclusiva Levante-EMV, la sospecha de un caso positivo en el juzgado número 3, que se encontraba de guardia, provocó que se desalojara y desinfectara el edificio de la calle Ronda de Algemesí.

El decano del colegio, Agustín Ferrer, incide en que la prioridad es evitar los contagios y que las nuevas tecnologías «nos permiten evitar la presencia física» de abogados, fuerzas de seguridad, jueces y funcionarios. En esta línea, recuerda que los fiscales ya están actuando por videoconferencia e incluso telefónicamente «sin acudir al juzgado».

Ferrer considera «decepcionante» la reunión de la comisión autonómica de seguimiento del Covid-19, presidida el pasado jueves por Pilar de la Oliva, subraya, que «ante la petición de los abogados valencianos de realizar mediante videoconferencia las declaraciones de los detenidos se limitó a remitir la solicitud al Consejo General del Poder Judicial y sigue sin realizar un protocolo de actuación conjunto entre delegación de Gobierno, Consejo Valenciano de Abogados y Tribunal Superior de Justicia que deje claras las pautas de actuación». «Es evidente que no se puede imponer nada y que cada juez es soberano en su juzgado, pero sí recomendar y facilitar una guía de actuación, que todos exigen de forma inmediata y urgente», incide el comunicado difundido por el Colegio de Abogados.

Agustín Ferrer subraya que la falta de medios tecnológicos «no puede ser una excusa» ya que con un simple móvil se puede realizar una videollamada bidireccional y señala que, ante la escasez de elementos de protección, «no existe otra opción que la videoconferencia». En esta línea, señala que si no ha optado ya por este sistema es «por la falta de liderazgo del poder judicial en la Comunitat Valenciana que, si quiere ser un auténtico poder del estado, necesita tomar decisiones en tiempos difíciles».