Este año 2020, la Unidad de Protección Animal y Medio Ambiente de la Policía Local de Almussafes ha aumentado la periodicidad de los controles de ADN en excrementos de perros para su posterior análisis en el laboratorio e interposición de las correspondientes sanciones a sus propietarios. Durante los últimos meses se ha generado una sinergia entre los agentes especializados en la materia y la brigada encargada de la limpieza de las vías y espacios públicos, quienes dan aviso inmediato de las deposiciones abandonadas. 'Semanalmente, se recogen muestras en calles, parques, plazas, aparcamientos y pipicanes', explica el edil de Bienestar Animal y Seguridad Ciudadana, Jaime Wic, quien se deja patente que 'esta medida ha tenido efecto inmediato en la reducción de heces abandonadas, aunque el objetivo es llegar a la plena concienciación ciudadana'.

La Concejalía de Bienestar Animal incide en el hecho de que aunque la mayoría de dueños de canes son respetuosos con el medio ambiente y cumplen con la norma, todavía hay un grupo que se resiste a ayudar a mejorar la limpieza y la convivencia en el municipio. 'No nos mueve el afán recaudatorio cuando se detectan inclumplimientos a la Ordenanza Municipal de Tenencia de Animales, pero la higiene, salubridad y estética de nuestro pueblo es esencial, por lo que al final la sanción es necesaria', afirma.

Desde que entró en vigor en Almussafes la ordenanza municipal que regula la tenencia de animales, en octubre de 2017, cerca de mil perros han sido incorporados al censo canino de ADN de la localidad con la introducción de su perfil genético. Además, desde que la Policía Local comenzó a aplicar la normativa que obliga a los propietarios a la recogida de los excrementos de la vía pública, en junio de 2018, se han interpuesto una gran cantidad de denuncias por su incumplimiento.

La no incursión del animal en el censo, una medida de control a pie de calle que también se ha intensificado, es una infracción castigada con una multa que asciende a 200 euros. Asimismo, la no recogida de los excrementos conlleva la interposición de una sanción de 100 euros, ampliada a 200 euros en caso de reincidencias y en el supuesto de que las heces sean abandonadas en zonas que suponen una afectación más grave a la ciudadanía.