El Ayuntamiento de Alberic ha dado un ultimátum de diez días a la empresa Kuups Desing International SL, gestora de un supermercado abierto recientemente en la localidad, para que solvente las «defiencias» detectadas tanto por los técnicos de la Mancomunitat de la Ribera Alta como por los funcionarios municipales en una visita realizada a la tienda el pasado 2 de julio. El origen del conflicto tiene que ver con el exceso de ruido provocado por el generador de gasóil que hasta la fecha supone la única alimentación eléctrica de la que dispone la superficie comercial.
Quince días después de la apertura del supermercado ya había provocado suficientes quejas entre el vecindario para alertar a las autoridades locales. En todos los casos protestaban por el elevado ruido y las vibraciones que provoca el generador eléctrico, que permanece en funcionamiento para producir la energía eléctrica que necesita el local hasta que disponga de la acometida necesaria para cubrir sus necesidades mediante el método convencional de suministro eléctrico.
Malestar vecinal
Muchos vecinos mostraron su malestar por el hecho de que el ayuntamiento hubiera permitido la apertura del establecimiento sin esperar a que tuviera todo los requisitos legales en regla. La orden de cierre se emitió el pasado viernes, aunque, de acuerdo con el actual marco legistativo, el propietario del negocio dispone de diez días para resolver las defiencias detectadas por los técnicos. En el caso de que la empresa incumpliera este ultimátum, el alcalde decretaría la clausura de las instalaciones, tal y como marca la legislación vigente.
El alcalde del municipio, Toño Carratalá, aclaró ayer que este tipo de negocio abre amparándose en una declaración responsable o 'licencia express', mediante la que el propietario declara que cumple todos los requisitos necesarios y se compromete a entregar todos los documentos que certifican la idoneidad del establecimiento si le son requeridos.
La ley es
Es el propietario el que asume toda responsabilidad deribada de las deficiencias que no estén debidamente contempladas en el informe. «Confiamos que se pueda solucionar lo antes posible y todo esté estrictamente según marca la legislación para que la actividad se pueda desarrollar sin problemas; en caso contrario, se hará efectivo el cierre en base a la legislación vigente», remarcó ayer Carratalá a Levante EMV. «La ley hay que cumplirla, porque es igual para todos, y hay que ajustarse a los estrictos plazos que marca la normativa», zanjó.
