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Enganches fraudulentos a la luz en seis pisos de una finca de L'Alcúdia

Los alcaldes de Alberic, Càrcer, Alcàntera y l'Alcúdia lamentan las «escasas herramientas legales» para luchar contra ese tipo de delincuencia La delegada del Gobierno se compromete a buscar «vías de colaboración» con los ayuntamientos

Conexiones fraudulentas a la red eléctrica descubiertas en una finca de l'Alcúdia. levante-emv

La acción, muchas veces impune, de los grupos que ocupan ilegalmente viviendas comienza a preocupar a cada vez más alcaldes de La Ribera que se sienten frustrados ante «las escasas herramientas que la legislación deja en sus manos para luchar contra ese tipo de delincuencia», como ayer subrayó la primera autoridad de Càrcer, Josep Botella, que sufre como sus homólogos de Alcàntera, Julio García, el primer edil de Alberic, Toño Carratalá, y bastantes ayuntamientos de la comarca una lacra que les deja indefensos ante los infractores. La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, ya ha anunciado que mantendrá reuniones con los primeros ediles de las poblaciones afectadas para abrir «vías de colaboración» con las fuerzas de seguridad del Estado que permitan atajar el problema.

Hastiado de las quejas vecinales, Carratalá achacó el lunes a la falta de efectivos de la Guardia Civil la inseguridad en que viven los vecinos de la urbanización Monte Júcar, uno de los objetivos preferidos de los okupas para el disfrute fraudulento de chalés con piscina, aunque este tipo de delincuencia también se deja ver en el casco urbano. El alcalde recurrió a la ironía para reprochar que en Alberic haya «menos agentes de los que custodian la casa del vicepresidente Pablo Iglesias». Hoy solo hay constancia de una residencia veraniega ocupada, aunque el ayuntamiento no quiere bajar la guardia y ha convocado a la Junta Local de Seguridad para buscar soluciones definitivas.

La presencia de la delegada del Gobierno en la ejecutiva comarcal del PSPV celebrada en la noche del mates en un cine de Tous fue aprovechada por varios alcaldes socialistas para reclamar ayuda para combatir a los okupas. Los alcaldes de Càrcer y Alcàntera obtuvieron el compromiso firme de Gloria Calero de convocar reuniones «específicas» de trabajo para estudiar esa cuestión y explorar «fórmulas de colaboración mutua». En las próximas semanas irán ajustándose las agendas.

El extenso catálogo de viviendas que fueron embargadas por los bancos tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y la grave recesión económica que generó ha ofrecido a los okupas una variada oferta de inmuebles vacíos. Los inquilinos ilegales de esas viviendas aciertan siempre en su elección. Escogen una casa que pertenece a una entidad financiera por las garantías de estabilidad que aporta. No existe un dueño con nombre y apellidos y, por tanto, nadie que les inquieta para recuperar rápido la propiedad. En estos casos, los trámites para la recuperación del chalé o el piso afectado, que siempre requieren la autorización judicial, se demoran bastante cuando no se eternizan.

Un negocio redondo

«Parece que antes de ocupar una casa van al Registro de la Propiedad para cerciorarse de que pertenece a un banco», señalaba ayer con sorna un alcalde. En la mayoría de los casos registrados hasta ahora, los okupas aprovechan la amplitud del inmueble para promover plantaciones de marihuana, con cuyo trapicheo obtienen pingües beneficios, dado que consiguen el suministro de la luz y el agua a través de enganches fraudulentos a la red pública.

«No es racismo sino distinguir entre personas cívicas o incívicas», tercia el alcalde de Càrcer, molesto por la suciedad y la acumulación de residuos que generan esas familias, que incluso viven con niños y, en algún caso, son originarias del propio municipio.

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