Casos como lo ocurrido en la urbanización Monte Júcar de Alberic, asediada por varios grupos de okupas, es lo que se pretende evitar. Varios alcaldes de la comarca siguen buscando ayuda supramunicipal para luchar contra esta problemática. Tras lograr el compromiso de la coordinación de las fuerzas de seguridad presentes en la Ribera, ahora su ha buscado un compromiso judicial. La petición trasladada ayer al fiscal jefe de València es clara: hay que agilizar los procesos de desalojo de las personas que, flagrantemente, cumplen un delito.
La expedición ribereña estuvo formada por el alcalde de Alberic, Toño Carratalá; el de Benimodo, Paco Teruel; la alcaldesa de Carlet, Maria Josep Ortega; la de la Pobla Llarga, Neus Garrigues; y el presidente de la Mancomunitat de la Ribera Alta, Txema Peláez.
«Tras nuestra reunión con la delega del Gobierno acordamos también esta cita con el fiscal jefe de València, que nos ha trasladado su sensibilidad hacia el tema en cuestión. También nos ha explicado que se trabaja en la puesta en marcha de instrucciones comunes para unificar criterios a la hora de actuar frente a los okupas, que es lo que necesitamos y hemos solicitado», explicó Carratalá en la reunión.
El propio alcalde de Alberic ha denunciado en diversas ocasiones que el problema tiene una difícil solución si no se modifica la normativa vigente, «demasiado laxa con aquellas personas que no están desamparadas y se dedican a causar daños en la propiedad de terceras personas y conflictos vecinales», apostilló Carratalá.
Chalés de lujo
Es cierto que en la actualidad hay una gran cantidad de viviendas deshabitadas por todo el territorio nacional y que todo el mundo tiene derecho a tener un hogar. Pero el problema no tiene esa vertiente. «Lo que debe haber es una fórmula que nos permita detectar si se trata de personas con necesidades sociales o delincuentes y, en este segundo caso, que se agilice el proceso de desalojo y no se eternice al iniciarse la vía judicial», comentó al respecto Peláez.
Son, precisamente, este segundo tipo de personas las que originan los conflictos vecinales al alternar la convivencia social. «Hablamos de grupos organizados que se conocen al dedillo la legalidad, saben que si entran en propiedades bancarias se va a tardar más en reaccionar, que buscan viviendas y chalés de lujo, se llegan a empadronar allí e, incluso, se dedican a la producción de droga», concluyó el propio Peláez.
