El método utilizado por los ciberdelincuentes para apropiarse de 135.000 euros que el Ayuntamiento de Algemesí ingresó en la cuenta corriente de un estafador que suplantó la identidad de la empresa adjudicataria de la impieza urbana se ha convertido en una práctica común que se ha extendido por toda España, en especial durante los últimos meses.

El timo, en cualquier caso, no es nuevo. Ya se detectó en 2017 en el ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana. Los gestores municipales de esta localidad costera cántabra perdieron 60.000 euros al abonar dos facturas a una cuenta falsa de un estafador que se hizo pasar por el contable de la empresa concesionaria del mantenimiento de los parques y jardines y, después, por el apoderado del banco al que había que enviar la transferencia. Los funcionarios, al igual que ha ocurrido en Algemesí, dieron veracidad a los documentos falsos.

Más significativo y reciente fue el botín conseguido en el Ayuntamiento de Santoña, que denunció a mediados de mayo otra estafa telemática con la misma metodología que alcanzaba en ese caso los 123.000 euros. La empresa suplantada también era la adjudicataria de la limpieza viaria y la recogida de residuos urbanos. Y la entidad financiera al que había que ingresar el dinero era, como en Algemesí, ING. El consistorio ya ha conseguido recuperar más de 11. 200 euros.

Sablazos en Tarragona

Los ayuntamientos tarraconenses de Horta de Sant Joan, Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant también han caído víctimas de los estafadores, que suplantaron nuevamente la identidad de un proveedor que les reclamó, mediante un correo electrónico, el cambio de la cuenta corriente. Las primeras investigaciones han identificado que los correos falsos llegaron desde servidores extranjeros. El banco repuso el dinero.

Sin salir de Tarragona, el Ayuntamiento de Amposta perdió 3.o000 euros y el Consorcio de Servicios Agroambientales Terres de l'Ebre llegó a abonar 400.000 euros a una cuenta bancaria que no pertenecía en realidad a la empresa encargada de gestionar el reciclaje de residuos de la comarca. Los pagos se efectuaron a mediados de mayo. En los primeros días de junio también se supo que el hospital comarcal y una residencia de ancianos también podían estar entre los damnificados.

El Consejo Comarcal del Baix Penedès cayó en la red de falsificadores telemáticos a finales de 2019 con la misma treta del cambio de número de cuenta bancaria para cobrar una factura. Se evaporaron 244.000 euros.

A menor escala, la Guardia Civil detuvo a finales de junio a un vecino de Zaragoza de 43 años como presunto autor de un delito de falsedad documental y de otro continuado de estafa a siete ayuntamientos de la Rioja. Giraba falsos recibos bancarios.