Sobre el responsable y el lugar ya existía un expediente abierto del área de Urbanismo. En estos momentos, el documento que busca la clausura total del local se encuentra en periodo de alegaciones. La lenta burocracia y las dificultades que tenía la administración municipal para localizar a un ciudadano que cambia constantemente de dirección y de número de teléfono, y sobre el que tampoco se podrían encontrar nóminas en la Seguridad Social, dificultaban el procedimiento.
La Polícia Local tenía constancia de fiestas similares con anterioridad. De hecho, ya se habían practicado intervenciones anteriores contra el dueño y su círculo más cercano en otro local, igual de ilegal, abierto cerca del estadio Luis Suñer. Luego se trasladó a la casa rural situada junto a la CV-42 en la que se produjo el desalojo del pasado domingo. Un enclave tan alejado de los cascos urbanos de Alzira y Algemesí que pasaba desapercibido. Además, su acceso se encontraba en una vía rural ajena a la carretera principal.
En las operaciones previas, los agentes no hallaron pruebas suficientes para actuar con contundencia. «Ellos siempre se escudaban en que se trataba de fiestas privadas. Pillar a treinta personas en una casa rural o un chalé con alcohol y música es algo que se puede ver en gran parte de los municipios de la Comunitat Valenciana», alegan fuentes policiales.
Sin productos desinfectantes
No obstante, el cuerpo policial no desistió y esperó a gozar de una oportunidad que permitiera demostrar que el local no acogía simples fiestas, sino que se destinaba a una actividad económica fraudulenta. La posibilidad llegó el pasado fin de semana. Tras seguir varias pistas, descubrieron la existencia de carteles anunciadores que se compartían a través de internet y de la venta de entradas anticipadas a quince euros.
La escena que presenciaron los agentes al llegar avalaba sus sospechas iniciales. La policía encontró una casa rural en un estado «deplorable» de la que sobresalía música a alto volumen y destellos de luces festivas. La firmeza del techo era cuestionable, así como su instalación eléctrica, con el cableado colgado por fuera del inmueble. El lugar estaba equipado con unas cincuenta sillas y quince mesas, por las que pasaron decenas de personas. También atisbaron una barra de bar, un escenario, zona de baile y una caja registradora. Sin rastro de productos desinfectantes.
La policía estima que a lo largo de noche la capacidad osciló entre las 80 y 100 personas, «con varios taxis que llevaban gente», aunque contabilizaron 85 clientes a su llegada. Un cifra muy elevada para las escasas dimensiones del lugar. Buena parte de los asistentes no llevaba la mascarilla, aunque se la pusieron enseguida al advertir la presencia policial, según reconocieron ellos mismos a las autoridades. Se interpusieron varias denuncias por ello.
Agravante
Las violaciones de las medidas de seguridad eran la tónica dominante. Ni se respetaba la legislación ordinaria ni la aplicada por la pandemia. El local carecía de vías de evacuación y el extintor no garantizaba su correcto uso ya que no había pasado las revisiones pertinentes. Los baños se encontraban también en unas condiciones higiénicas deficientes y ni siquiera estaban conectados al alcantarillado.
El operativo policial habría sido igual de legítimo hace un año. Pero la situación actual derivada de la pandemia del coronavirus es, sin duda, un agravante.
