La Unió de Llauradors ha presentado ante la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), un organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, las primeras denuncias en la nueva campaña de comercialización del caqui a comercios que realizan la compra con contratos en los que no figura el precio de la fruta.

La organización agraria solicita en la denuncia dirigida a la AICA que «se inicien los controles e inspecciones requeridos sobre los comercios especificados en la denuncia para comprobar el cumplimiento de la existencia de contratos por escrito y, en este caso concreto, del cumplimiento de su contenido en la compraventa de caqui de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria».

Fuentes de la Unió alertan de que algunos operadores comerciales están comprando durante estos últimos días caquis a los agricultores sin establecer expresamente el precio de compraventa en el contrato y efectuando este tipo de transacciones bajo la fórmula conocida como «a comercializar», es decir, sin un precio pactado tal y como obliga la Ley de la Cadena Alimentaria. Bajo esta práctica de «a comercializar», el comerciante compra los caquis al productor sin ofrecerle un precio concreto, de modo que cuando el primero realiza la venta y finalice su campaña ya le dirá a cuanto se le paga en función del mercado y descontados los gastos de toda la cadena.

La Unió recuerda que, gracias a las acciones emprendidas, la Agencia de Información y Control Alimentarios dio la razón a las denuncias de la organización y ya abrió en la pasada campaña expedientes sancionadores a alguna empresa importante del sector que había modificado mediante adenda las condiciones inicialmente pactadas en el contrato con los productores de caqui.

Los escritos remitidos por la AICA a la Unió detallaban textualmente que este organismo «abre dos expedientes sancionadores al existir indicios razonables de que pudiera haberse cometido infracción tipificada en el artículo 23.1.b (ausencia de elementos mínimos en los contratos) y en el artículo 23.2.II (incumplimiento de los plazos de pago), respectivamente, en relación con la Ley 12/2013».

Esta organización agraria aconseja a los diferentes operadores comerciales, que utilicen y cumplan los contratos que firman con los productores y advierte de que se mantendrá vigilante para denunciar ante la AICA cualquier vulneración de los mismos.