La visita a Alzira de la consellera de Participació, Transparència i Cooperació, Rosa Pérez Garijo, sirvió ayer para reactivar el proyecto de creación de una nueva figura administrativa: el Defensor del Vecino, que nacerá con vocación de mediar entre la ciudadanía y el ayuntamiento. Las funciones están todavía difusas, porque lo que se pretende es que su labor no se solape con la del Defensor del Pueblo o del Síndic de Greuges Valenciano. El objetivo es que entre «en contacto directo con las necesidades del vecindario y trate de dar respuesta a estas demandas», apuntó ayer el alcalde, Diego Gómez, aunque se apresuró de inmediato a precisar: «Lo que no vamos a convertirlo es un un buzón de quejas ciudadanas».
El cargo ya figuraba en la Carta de Participación Ciudadana aprobada por el Ayuntamiento de Alzira, que dispone que sus facultades deben consensuarse entre los grupos políticos municipales, aunque menciona que incluirían la potestad de efectuar recomendaciones, sugerencias y recordatorios a las dependencias o servicios de la Administración municipal «que no respeten los derechos legítimos de los ciudadanos».
También prevé que tome «decisiones y adopte fórmulas de acuerdo o conciliación» . Las decisiones y advertencias del Defensor o Defensora de los Vecinos no podrán ser objeto de impugnación, «sin perjuicio de los recursos administrativos o jurisdiccionales que sean procedentes», según marca el acuerdo.
Entre los requisitos que se barajan para el perfil de este nuevo cargo público se cita el conocimiento exhaustivo de la administrativo municipal y el prestigio social. «Ha de ser una bona dona o un bon home», bromeó ayer el alcalde, que tiró también de ironía para subrayar: «Vamos a ver si algún jubilado puede hacerse cargo», dadas las estrecheces económicas impuestas en los ayuntamientos por la pandemia.
En ese contexto, Gómez, se comprometió a reordenar los objetivos de cooperación, muy centrados ahora en aspectos asistenciales, para incrementar las aportaciones a proyectos de ayuda inteernacional. Tanto la Generalitat como el ayuntamiento aspiran a destinar a lo largo de esta legislatura el 0’4 % del presupuesto a cooperación exterior para alcanzar el 0,7 % al final de la década.
La consellera ligó los objetivos de participación ciudadana a la mejora de la calidad democrática.
