El número de plantaciones de marihuana ha crecido de manera exponencial en los últimos años, aunque por fortuna también las incautaciones policiales. La última gran intervención la ha promovido la Guardia Civil en Turís. La operación se saldó con dos detenidos de nacionalidad polaca por tráfico de droga y la aprehensión de más de 300 plantas de tres variedades distintas, algunas de ellas de tres metros de altura. En este caso se trataba de un cultivo exterior, aunque también aumentan los interiores, un cuadro delictivo que suele ir asociado a las ocupaciones ilegales de viviendas, viejas naves, chalés o casas de campo.

Las autoridades locales ya han alertado en varias ocasiones a la delegación del Gobierno, Gloria Calero, de la preocupación que sienten por esta situación. El alcalde de Càrcer, Josep Botella, por ejemplo, ha exigido mayor presencia policial para combatir el cultivo y venta ilegal de esas sustancias estupefacientes «que han proliferado en las últimas semanas». El fuerte olor a marihuana que desprenden algunas casas, según denuncian los vecinos, demuestra que el problema sigue bien latente.

Hace unos días, la Policía Local de Algemesí, conjuntamente con efectivos de la Policía Nacional, culminó una operación que permitió decomisar trece kilos de cogollos en plantaciones de marihuana sostenida en el interior de un inmueble ocupado. Como suele ser habitual, los delincuentes también deufradaban en este caso el fluido eléctrico que necesitaban para mantener las condiciones de temperatura e iluminación más óptimas para acelerar el crecimiento de las plantas. La electricidad la conseguían de enganches ilegales a la red. El cultivo les salía barato y la rentabilidad era máxima.

El azote de la Covid-19 y la crisis económica derivada de la pandemia no ayudan a incrementar las plantillas policiales a corto plazo. La solución propuesta ha sido coordinar esfuerzos entre diferentes cuerpos de seguridad para sacar un mayor rendimiento a los medios disponibles.

El gobierno de Càrcer, sin embargo, recuerda que sus representantes también asistieron en julio a una reunión con la delegada del Gobierno «para transmitirle su malestar por la falta de efectivos de la Guardia Civil que pudiesen controlar las ocupaciones irregulares de viviendas y el tráfico de drogas, caso de menudeo vinculado a la marihuana» y que, sin embargo, «como han constatado los vecinos gracias a los fuertes olores que desprende la marihuana en estas fechas, esta droga sigue produciéndose en la localidad, con su posterior venta».

El delito de tráfico de drogas, tipificado en el artículo 368 del Código Penal, que establece que los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas o las posean con esos fines, serán castigados con las penas de prisión de tres a seis años y multa del triple del valor de la droga objeto del delito, y de prisión «de uno a tres años y multa del tanto al duplo en los demás casos».

Las plantas incautadas en Turís pesaban 30 kilos capaces de generar 170.000 euros

Las plantas incautadas por la Guardia Civil en Turís pesaban algo más de treinta kilos y en caso de haber llegado al mercado ilícito habrían podido alcanzar un valor de más de 170.000 euros tras ser tratadas. Los detenidos en la operación son dos hombres de 22 y 25 años, de origen polaco, a los que se imputa un delito contra la salud pública. Las investigaciones comenzaron a finales de agosto cuando los agentes encargados del caso localizaron un cultivo exterior de marihuana con plantas que llegaban a alcanzar los tres metros de altura, y que se encontraban en un paraje apartado. Se tuvieron que llevar a cabo una serie de servicios de vigilancia estática para tomar fotografías que implicasen a los supuestos autores, que a la postre resultaron ser dos ciudadanos de origen polaco que se dedicaban al cultivo de cannabis para su posterior distribución a nivel europeo, especialmente en Italia, donde el precio de este tipo de droga se puede llegar a triplicar. Los autores, que tras llegar a España y vivir en condiciones precarias tenían previsto llevar a cabo el tratamiento de la droga y posteriormente su transporte por Europa, fueron detenidos antes de que pudieran salir del país. 

Las diligencias han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción número 4 de Requena.