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Alzira maniobra para evitar el pago de 2,2 millones al Grupo Suñer

El ayuntamiento revisa de oficio un convenio de la época de Bastidas (PP) al advertir los técnicos que un error en origen puede decretar la nulidad

Alzira maniobra para evitar el pago de 2,2 millones al Grupo Suñer

Alzira maniobra para evitar el pago de 2,2 millones al Grupo Suñer

El Ayuntamiento de Alzira incoará un procedimiento para revisar de oficio un convenio firmado en diciembre de 2013 por la corporación que presidía Elena Bastidas (PP) con el Grupo Suñer al considerar que resulta lesivo para los intereses municipales al contemplar el pago de más de 2,2 millones de euros cuando, en base a los nuevos informes jurídicos, el consistorio entiende que no tiene la obligación de desembolsar ese dinero. El gobierno municipal tenía previsto aprobar anoche en el pleno el inicio de este procedimiento que busca declarar la nulidad del acuerdo por el que la junta de gobierno autorizó el 4 de diciembre de 2013 la firma del convenio. Se da la circunstancia de que, en base a ese documento, el Grupo Suñer ha ganado un contencioso que le reconoce el derecho a percibir 2,2 millones de euros, más los intereses legales, si bien la actual corporación ha impugnado la sentencia ante el Tribunal Supremo.

La reclamación de este elevado importe se deriva de la urbanización del polígono industrial Carretera de Albalat, que tuvo como precedente el sector de la Avinguda dels Esports, una obra impulsada por el Grupo Suñer a principios de los noventa como propietario mayoritario del suelo, adelantándose al proyecto integral que años después tramitaría el ayuntamiento por gestión indirecta, si bien esta última actuación que no se llegó a completar por diversos factores. Diferentes empresas del grupo gestionado por los herederos del industrial Luis Suñer solicitaron al consistorio en septiembre de 2013 el pago de 2.642.288 euros al estimar que era el saldo a su favor en el proyecto de reparcelación y otros 660.572 euros en concepto de indemnización por la ocupación irregular de terrenos.

Esta petición propició la firma del convenio que, avalado por el jefe del servicio de Urbanismo, contemplaba el pago de 2.273.205 euros en el plazo de un año a contar desde la inscripción del proyecto de reparcelación. El acuerdo partía de la base de que varias parcelas propiedad del Grupo Suñer habían sido ocupadas como viales de forma irregular, sin previo pago y de forma dilatada en el tiempo, aunque no llegó a hacerse efectivo. El Grupo Suñer solicitó en abril de 2017 la resolución del convenio y el pago de casi tres millones de euros por un doble concepto, las diferencias de adjudicación del PAI y como indemnización, si bien ante la falta de respuesta del consistorio interpuso un contencioso.

El Ayuntamiento de Alzira, que ha recabado el asesoramiento de un reconocido experto en Derecho Administrativo, ha detectado un error que le permite incoar larevisión de oficio de un acto administrativo propio ya que, en base a los nuevos informes técnicos, los terrenos en cuestión fueron cedidos por el Grupo Suñer como dotacionales como parte del proyecto de reparcelación voluntaria que presentó en 1991.

«En el proyecto de reparcelación voluntaria se calcularon los excesos y defectos de aprovechamiento, las indemnizaciones y las cuotas de urbanización, haciéndose cargo de su desarrollo y gestión el Grupo Suñer. Con posterioridad se ha comprobado que, si bien los terrenos lucrativos sí accedieron al Registro de la Propiedad, no sucedió lo mismo con los terrenos de cesión obligatoria, que deberían haberse inscrito a nombre del ayuntamiento, motivo por el cual se incluyeron erróneamente en el proyecto de reparcelación forzosa aprobado en 2001, que fue elaborado por un agente urbanizador externo a través de gestión indirecta». Los informes jurídicos concluyen que si ya se había formalizado la cesión, el grupo empresarial no tenía el derecho de propiedad, lo que representa una causa de nulidad del convenio.

El procedimiento de revisión de oficio contempla una fase de audiencia y recabar el dictamen del Consell Jurídic Consultiu antes de la resolución de nulidad. La edil de Urbanismo, Sara Garés, explicó ayer que, en base a estos informes, el gobierno tiene la obligación de defender los intereses municipales.

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