«No podemos pagar dos veces por lo mismo». Así justificó ayer el alcalde de Alzira, Diego Gómez, el procedimiento de revisión de oficio abierto por el ayuntamiento para tratar de anular un convenio firmado a finales de 2013 por el gobierno que presidía Elena Bastidas (PP) para regular el pago al Grupo Suñer de 2,2 millones de euros como saldo de la reparcelación vinculada al proyecto de urbanización del polígono Carretera de Albalat. El acuerdo de incoar este procedimiento fue aprobado en el pleno del miércoles con los votos a favor del equipo de gobierno (Compromís y PSOE) y la abstención de los grupos de la oposición (PP, Cs y Vox).
El bipartito ha abierto esta vía tras recabar un dictamen de un experto en Derecho Administrativo, el catedrático José Maria Baño, que considera que existen argumentos para declarar la nulidad del acuerdo de aprobación del convenio tras constatar los técnicos que terrenos incluidos en esa reparcelación ya habían sido cedidos con anterioridad por el Grupo Suñer como dotacionales al urbanizar la Avenida de los Deportes, un sector dentro del polígono Carretera de Albalat, por lo que los antiguos propietarios ya no tendrían ningún derecho sobre los mismos pese a figurar por error en la nueva reparcelación.
Gómez comentó que tras asumir la alcaldía en la pasada legislatura ya mantuvo negociaciones con la familia Suñer para tratar de reducir esta cantidad y la forma de pago «hasta que los técnicos nos indicaron que podíamos seguir la línea de compensar de deudas» que, según apuntó, habría llegado a aplicar el gobierno anterior. La falta de acuerdo derivó en un contencioso que ha reconocido al Grupo Suñer el derecho a percibir ese dinero ante el incumplimiento contractual por parte del ayuntamiento. El consistorio ha recurrido esta sentencia en casación ante el Tribunal Supremo.
Paralelamente, ha abierto un segundo frente con el inicio de este procedimiento de revisión de oficio, que no generó debate en el pleno. Solo intervino la concejal de Urbanismo, Sara Garés, para explicar que, en base al dictamen del catedrático, los servicios jurídicos consideran «absolutamente necesaria» esta revisión en defensa de los intereses municipales. El alcalde de Alzira explicó ayer que el proceso busca de algún modo «deshacer el camino ya realizado para llegar al origen de este problema», lo que implica «tirar hacia atrás, no sólo hasta el año 2013 -cuando se firma el convenio-, sino mucho más para llegar al error» que, según exponen los juristas consultados por el consistorio, puede dar pie a la declaración de nulidad de aquel acto administrativo
La reclamación inicial del Grupo Suñer ascendía en un primer momento a 2,6 millones por las diferencias de adjudicación del PAI, más una indemnización de 660.000 por la ocupación irregular de terrenos, si bien en el convenio firmado, que contó con el informe favorable del jefe de Urbanismo al entender que el Grupo Suñer era el propietario del suelo, el importe a compensar es de 2,2 millones.
Los informes técnicos sitúan el origen del error que viciaría este procedimiento en que, tras la reparcelación que el Grupo Suñer gestionó para urbanizar el sector de la Avenida de los Deportes, se inscribieron en el Registro de la Propiedad los terrenos lucrativos, pero no así los de cesión obligatoria que debían pasar a nombre del ayuntamiento, por lo que el agente urbanizador que años después se disponía a acometer la urbanización del polígono los volvió a incorporar en el nuevo proyecto.
