Una parte considerable de las quejas que aborda el Síndic de Greuges, Ángel Luna, tiene que ver con la renta valenciana de inclusión y las demoras de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, dirigida por Mónica Oltra, a la hora de tramitar esta prestación.
Es el caso de un vecino de Alzira, que hizo llegar al Síndic la enésima queja sobre el mismo motivo: tras solicitar la ayuda económica únicamente había obtenido el silencio administrativo. Según el expediente, el promotor de la queja solicitó la renta valenciana de inclusión el 25 de septiembre del pasado año. Al llegar a mayo, y harto de esperas, recurrió al Defensor del Pueblo valenciano.
Luna recibió, a los pocos días de solicitarlo, la información del Ayuntamiento de Alzira. El consistorio constató que tramitó dicha solicitud y verificó si reunía los requisitos para ser beneficiario de la prestación. Tras admitirlo a trámite, pasó a la Dirección Territorial de València. El expediente se realizó en un mes y cinco días. La conselleria, por su parte, tardó casi dos meses en contestar al Síndic para confirmar que el expediente se encontraba en estado «Propuesta aprobada en trámite inicial», previa a la de resolución y notificación.
A la hora de emitir el informe, el Síndic verificó que, un año después de su solicitud, el afectado todavía no había recibido la prestación. Luna concluyó que el consistorio alcireño «actuó con bastante diligencia». «No podemos decir lo mismo con el plazo del que disponía la conselleria, de 6 meses, para resolver el procedimiento», añadió. Por ello, instó al área de Políticas Inclusivas a «revisar y evaluar el procedimiento para lograr que se resuelvan las solicitudes en los plazos establecidos».
