La Agencia Valenciana Antifraude ha instado al Ayuntamiento de Sueca a elaborar un plan director para resolver las irregularidades detectadas en el pago a proveedores de la Residencia Sant Josep de Gent Major. El organismo fiscalizador ha detectado el pago de 287 facturas sin contrato previo y constata que el abono, que en conjunto supera los dos millones de euros, se realizó pese a constar en 26 ocasiones la advertencia de ilegalidad por parte de la Tesorería Municipal. Los pagos estaban ordenados por la entonces alcaldesa, Raquel Tamarit, actual secretaria autonómica de Cultura.
La investigación abierta por el pago de facturas injustificadas por parte del Ayuntamiento de Sueca a varias empresas que prestan servicios en la Residencia Sant Josep se inició a partir de una denuncia presentada en la proipia Agencia Aintifraude en diciembre de 2018 contra la alcaldesa de Sueca por un “presunto delito de prevaricación” derivado del pago de facturas a varias empresas que prestan servicios en la residencia de la tercera edad.
En total se habrían abonado 69 facturas a las empresas EULEN, S.A.; Clínica Geriátrica El Castillo, SA. El Vcastillo Atención a la Dependencia, SA, y Neserem, SL, por un importe de 2.068.000 euros al margen de cualquier procedimiento de contratación. Todas estas facturas recibieron el informe desfavorable de la intervención municipal hasta 26 ocasiones donde se advertía de la ilegalidad de los hechos.
La aprobación de las facturas se hacía mediante resolución de la alcaldía o de la junta de gobierno local resolviendo la discrepancia de la intervención y aprobando la relación de facturas a través del reconocimiento extrajudicial de crédito. Así mismo, durante la investigación se ha detectado la posible existencia de 287 facturas que habrían sido liquidadas siguiendo el mismo procedimiento.
La Agencia Valenciana Antifraude en su informe insta el Organismo Autónomo de la Residencia de personas mayores San José de Sueca y al Ayuntamiento de Sueca a la revisión de oficio de los actos incursos en causa de nulidad de pleno derecho puesto que esta actuación contraria a derecho podría haber ocasionado un resultado contrario al interés público al no estar amparado por el derecho.
