La Agencia Valenciana Antifraude ha dado un plazo de tres meses al Ayuntamiento de Sueca para que resuelva las «graves irregularidades administrativas» que condujeron a pagar sin cobertura legal más de dos millones de euros en 287 facturas a las empresas gestoras y proveedores de la residencia municipal de ancianos sin que mediara ninguna relación contractual. La entonces alcaldesa de la ciudad, Raquel Tamarit, hoy secretaria autonómica de Cultura, ignoró hasta 26 advertencias de ilegalidad de la Tesorera Municipal y remitió documentación incompleta y «censurada» al organismo fiscalizador, según han constatado los auditores. Los pagos fraudulentos se produjeron entre 2016 y 2018.

La investigación abierta contra el Ayuntamiento de Sueca partió de una denuncia presentada contra Tamarit en diciembre de 2018 ante la propia Agencia Antifraude «por un presunto delito de prevaricación». El ayuntamiento no ha podido negar los hechos. Las empresas Eulen, S. A.; Clínica Geriátrica El Castillo, S. A.; El Castillo Atención a la Dependencia, S. A., y Neserem, S. L., cobraron durante esos tres años 69 facturas valoradas en conjunto en 2.068.000 euros «al margen de cualquier procedimiento de contratación».

El gobierno local era consciente de que estos pagos carecían de cobertura legal, pero optó por obviar los reparos presentados por los interventores y pagar las facturas para evitar «el grave perjuicio que se podía causar a personas residentes en situación de dependencia que no podían verse desatendidas por el impago de las facturas» y para evitar un conflicto judicial con las empresas de incalculables consecuencias para las arcas municipales.

Los inspectores de la Agencia Antifraude reclamaron a las autoridades locales la documentación para analizar el caso, aunque no les llegó íntegramente. Algunas facturas fueron «ocultadas por medio del empleo de cuadros en negro que impiden la identificación», reprochan los auditores. «El hecho de facilitar información con datos censurados deliberadamente podría inducir a pensar que esa información pudiera ser de relevancia para conocer los procedimientos empleados», enfatiza el informe.

Tras la investigación, la Agencia concluye que Tamarit, que también presidía el organismo autónomo encargado de gestionar la residencia de ancianos, «encomendó prestaciones sin el correspondiente expediente de contratación». Tres empresas distintas recibieron dinero del ayuntamiento durante 37 meses «mediante un procedimiento cuya característica fundamental es la excepcionalidad y que en Sueca parece haberse convertido en una norma de contratación».

Atentado al libre mercado

La actuación de la alcaldesa fue «contraria a derecho» y « podría haber ocasionado un resultado contrario al interés público», además de atentar contra el mercado de libre competencia y generar dudas al no tener la certeza de que el servicio se prestaba «con arreglo a la mejor relación calidad-precio, criterio fundamental en la contratación pública», enfatiza la Agencia, que también lamenta que las irregularidades generaran «una posición predominante» al grupo El Castillo, S. A.

Antifraude exige un plan antes de pedir responsabilidades

El Ayuntamiento de Sueca, ya bajo un gobierno de distinto signo, dió cobertura contractual a servicios, suministros y obras de la Resdencia San José con fecha 1 de enero de 2019. No obstante, la Agencia Antifraude ha reclamado que el consistorio «revise de oficio los actos administrativos que pudieran incurrir en causa de nulidad de pleno derecho. Para ello le concede tres meses de plazo. Un mes después, añade el organismo, «deberá acreditarse el inicio del procedimiento para dirimir las diferentes responsabilidades del personal, autoridades y terceros» implicados. j.G. sueca