El Ayuntamiento de Alfarp ha comunicado tanto a la Fiscalía de Medio Ambiente como a la Policía Autonómica y al Seprona de la Guardia Civil el incumplimiento de la orden de clausura de la granja ubicada en el término municipal de la que, hace poco más de un mes, se escaparon tres toros que obligaron a movilizar hasta un helicóptero de la benemérita ante la dificultad para localizar las reses y devolverlas al corral después de que dos de ellas vagaran sin control durante más de tres días. El consistorio, como ya informó Levante-EMV, aprovechó aquel incidente para notificar el decreto de cierre fechado en julio tras haber comprobado que la explotación carecía de la preceptiva licencia ambiental.
Esa resolución concedía al promotor de la actividad un plazo «improrrogable» de un mes para que trasladara el ganado con la advertencia de que se abstuviera de cualquier posterior utilización de estas instalaciones.
Agotado sobradamente el plazo estipulado, la Policía Local de Alfarp ha confirmado que las reses siguen en los corrales -al parecer, el propietario sí ha llegado a desmontar la plaza portátil utilizada para celebrar capeas-, por lo que, tal como contemplaba el decreto, se ha dado parte del incumplimiento tanto a la Fiscalía como a las Fuerzas de Seguridad con competencias en este ámbito, según ha confirmado el alcalde de Alfarp, Santi Cervera.
El munícipe comentó que el propietario de la granja se dirigió al ayuntamiento tras notificarle la orden de clausura y, si bien argumentó que ya había desmontado la plaza portátil, Cervera señaló que no ha cesado la actividad en la explotación ya que, al menos hasta el miércoles, los animales seguían en los corrales, por lo que el ayuntamiento no ha hecho más que dar curso a las resoluciones que contemplaba aquel decreto.
«Durante dos años se le había ido avisando y no ha hecho caso, ni siquiera realizó el cambio de licencia y ahora la solución ya no está en manos del ayuntamiento y hay un orden que se tiene que cumplir», indicó el alcalde.
Sin respuesta
Otra fuga de un par de vacas el año anterior propició que, al revisar la situación de la empresa, el ayuntamiento detectara que la licencia que se le concedió en su momento había caducado y, a pesar de las reuniones mantenidas por las autoridades con los propietarios para analizar cómo se podía regularizar la situación, el ganadero no había contestado a los requerimientos que le instaban a aportar documentación.
Además, en este ínterin, se había detectado la instalación de una plaza portátil en el interior de la granja en la que se habrían celebrado capeas en los últimos meses. Fuentes municipales ya expusieron en su día que la empresa no disponía de licencia para montar esta instalación ni tampoco para la celebración de estos festejos que incluso llegaron a provocar que en alguna ocasión se diera parte da la Guardia Civil y señalaron que, en última instancia, la ausencia de licencia ambiental imposibilita cualquier otra actividad en el recinto.
El alcalde de Alfarp señaló que el ayuntamiento mantiene un seguimiento de la situación de la granja. «Tenemos interés en que el cierre se produzca de forma adecuada», comentó, mientras expresaba su preocupación por los animales.
La presencia de la granja ha provocado quejas por malos olores de residentes en diseminados del término de Alfarp y algunos vecinos habían alertado también de la celebración de capeas. La fuga de tres becerros, dos de los cuales vagaron sin control durante más de tres días, movilizó a la Policía Local, al ganadero y finalmente a la Guardia Civil, que recurrió a un helicóptero.
