Compromis per Sueca ha salido en defensa de la exalcaldesa y actual secretaria autonómica de Cultura, Raquel Tamarit, señalada por la Agencia Valenciana Antifraude por haber abonado más de dos millones de euros a la empresa gestora y a los proveedores de la Residencia Sant Josep de Gent Major sin mediar ningún contrato y sin tener en cuenta las advertencias de ilegalidad que le trasladó la Tesorería Municipal. La coalición nacionalista, hoy en la oposición, admite que se demoró demasiado la resolución de ese conflicto administrativo aunque plantea que los pagos, pese a ser irregulares, eran la única alternativa para evitar el cierre del geriátrico. Es más, considera que no tienen nada de lo que avergonzarse.
Los responsables de Compromís per Sueca subrayan en primer lugar que el problema era heredado, ya que desde que alcanzaron el poder municipal tras las elecciones de 2015 y hasta que concluyó la legislatura en junio de 2019 Raquel Tamarit trabajó «para dar solución formal a este asunto, que venía arrastrándose mucho tiempo», y defienden que «no firmar esas facturas habría significado tener que cerrar la residencia, cuando siempre ha habido consenso entre todas las fuerzas políticas del ayuntamiento paraque la atención de calidad a las personas mayores atendidas en el centro fuera la primera prioridad».
«Las personas por delante»
La exalcaldesa Tamarit, a juicio de la agrupación local de Compromís, «continúa teniendo las manos tan limpias como las ha tenido siempre. Ni ha hurtado dinero público ni ha hecho nada de lo que nadie pueda avergonzarse. Simplemente puso a las personas por delante de los procedimientos y solucionó el problema administrativo, porque el de la atención a las personas residentes ya estaba resuelto», destaca la formación valencianista
El único signo de arrepentimiento en el discurso exculpatorio que ayer lanzó Compromís se deriva de la gestión de los tiempos. Reconoce que se actuó con excesiva lentitud. «Se priorizó la atención a los residentes frente a los procedimientos administrativos, aunque no se actuó para resolver el embrollo con toda la celeridad con que se habría deseado», han reconocido.
La investigación abierta por la Agencia Antifraude concluye que Tamarit, que también presidía el organismo autónomo encargado de gestionar la residencia, «encomendó prestaciones sin el correspondiente expediente de contratación durante 37 meses y, además de remarcar que la actuación de la alcaldesa fue «contraria a derecho», precisa que « podría haber ocasionado un resultado contrario al interés público», al atentar contra el mercado de libre competencia y generar dudas al no tener la certeza de que el servicio se prestaba «con arreglo a la mejor relación calidad-precio, criterio fundamental en la contratación pública».
Regularizacion de contratos
En cambio, Compromís, replica que fue la propia Tamarit quien formalizó el contrato en enero de 2019 (el expediente se inició un año antes) y enfatiza que, durante su mandato «se regularizaron más contratos que nunca».
En base a todo ello, argumentan que la honorabilidad de Raquel Tamarit «queda fuera de toda duda» y recalcan que quien firmó el contracto actual en vigor de las residencias fue Raquel Tamarit y no el actual equipo de gobierno, que asumió el control del ayuntamiento en junio de 2019. «Fue una gestión directa suya», zanjan.
«No hay ningún perjuicio económicoa las arcas públicas»
Los dirigentes de Compromís en Sueca remarcan que, pese a la resolución de la Agencia Antifraude, «no se ha producido ningún perjuicio económico a las arcas municipales, ni mucho menos a los usuarios de la residencia». Se trata, concretan, de «una demora administrativa, producida por la multitud de tareas que se lleva a cabo un ayuntamiento y la imposibilidad de atenderlas debidamente al no poder contratar más personal a causa de la normativa estatal en vigor».
