La vida de Manding Samate dio un vuelco, literal y metafórico, cuando en el verano de 2012 viajó a África por un asunto laboral y sufrió un accidente -el vehículo en el que se desplazaba volcó en una carretera del Sáhara- y a su vez un robo en el que perdió toda su documentación personal, según relata. Lo que iba a ser una ausencia de como máximo un par de semanas se prolongó 45 días al tener que viajar a Senegal en busca de un visado que en Mauritania le negaban para desesperación de este senegalés afincado en Alzira. Un hijo de apenas tres años aguardaba su regreso acogido en una familia ya que la madre, de origen polaco, nunca se llegó a hacer cargo de él.
La demora provocó que el departamento de Servicios Sociales emitiera un informe de desamparo del menor y la Generalitat Valenciana, a través de la Dirección Territorial de Igualdad y Políticas Inclusivas, asumió la tutela y entregó al niño en acogimiento permanente de carácter provisional a la misma familia educadora que lo había tenido en acogida temporal mientras el padre conseguía una estabilidad que le permitiera compatibilizar su vida laboral con sus obligaciones como progenitor. La resolución que establecía el nuevo régimen de protección del menor, fechada el 11 de septiembre de 2013, supuso el inicio de una lucha en la que Manding ha ido abriendo frentes con el único objetivo de recuperar a su hijo. Lleva siete años en esta pelea aunque, lejos de ver la luz, las circunstancias han empeorado.
«Estoy desesperado»
«Hace casi año y medio que no veo a mi hijo. Necesito estar con mi hijo y él necesita estar con su padre. Estoy desesperado y casi ya no tengo fuerzas. No entiendo lo que está pasando», relata el joven senegalés, que asegura haber cumplido el plan de intervención familiar que le impuso el departamento municipal de Servicios Sociales y ha logrado una estabilidad económica para hacerse cargo del menor, aunque la conselleria le deniega la recuperación de la tutela. El último contacto telefónico con él lo tuvo al decretar el Gobierno el confinamiento por el coronavirus a mediados de marzo. Llamó a la familia de acogida para intesarse por el menor y pudo conversar con él, relata. Con posterioridad, asegura, hace un par de meses el niño le llamó al teléfono móvil a escondidas, aunque apenas pudo hablar. No lo ve desde junio de 2019, señala.
La resolución de la conselleria que declara la situación legal de desamparo del niño dio paso unos meses después al establecimiento de un régimen de visitas en un Punto de Encuentro Familiar de València, si bien ante los informes favorables de los técnicos que tutelaban estas reuniones se retiró ese control de forma que Manding pudo de nuevo ver al niño los días estipulados sin ninguna supervisión. No obstante, no oculta su malestar porque en algunos momentos se hicieran coincidir las visitas con los días que el pequeño jugaba a fútbol, lo que limitaba el tiempo que podía compartir con él.
Manding Samate asume que en algún momento ha incumplido el régimen de visitas, en ocasiones al no poder acudir por motivos laborales y en otras por haber querido estar más tiempo con el niño e incluso traerlo a Alzira, una conducta que le ha penalizado en este largo proceso, pero afirma sentirse víctima de una «injusticia». «No estamos hablando de un niño desamparado que está en la calle, no hay malos tratos, he cumplido todo el plan de trabajo y quiero recuperar a mi hijo», que el próximo 15 de diciembre cumplirá 11 años.
Reclama que se le restituya el régimen de visitas y la patria potestad
Manding Samate, en su lucha por recuperar a su hijo, ha elevado una petición formal para que la conselleria le devolviera la tutela (2016), que le fue denegada; ha formulado una queja al Síndic de Greuges (2017), que emplazó a la Generalitat a evaluar la situación del menor y emitir una resolución administrativa sobre las peticiones de Samate en la que se escuchara al niño; ha llegado a recurrir a la vía contenciosa (2018) para impugnar una primera resolución que decretaba el cese del régimen de visitas establecido para poder estar con su hijo y también se ha personado durante semanas, día tras día, bien en la puerta de la conselleria o del departamento municipal de Servicios Sociales, una estrategia de presión que por momentos se ha vuelto en su contra. A la desesperada, ha querido hacer pública su situación.
Su abogado formalizó a finales de agosto una nueva petición, previa al contencioso administrativo, en la que insta a la Conselleria de Políticas Inclusivas a revocar la resolución de septiembre de 2019 por la que decretó por segunda vez el cese de las visitas y de las comunicaciones con el menor; así como otro acuerdo de abril de 2017 por el que la Administración denegó el cese de la tutela del menor, al tiempo que reclama que se restablezca el régimen de visitas, así como el ejercicio de la patria potestad.
«Las circunstancias concurrentes en el momento de la adopción de la declaración de desamparo y de la asunción de la tutela administrativa han cambiado (...) Han evolucionado favorablemente en torno a lo que concierne a su capacidad para prestar la asistencia moral y material a su hijo, por lo que no puede hablarse ya de un desamparo del menor», relata José Andrés Hernández, abogado de Manding Samate, que no ve a su hijo desde junio de 2019. «Cada decisión que se ha adoptado ha ido alejando al niño del padre cuando la finalidad debería ser, como indica la ley, restituir la patria potestad», señala el letrado.
Levante-EMV ha intentado recabar la versión de la conselleria sobre la queja que relata este padre, sin éxito.
