El embargo cautelar de la cuenta fraudulenta a la que el Ayuntamiento de Algemesí remitió 135.400 euros en una estafa promovida por ciberdelincuentes ha permitido retener más de 50.000 euros que podrá recuperar el consistorio una vez se juzguen los hechos. El dinero bloqueado se ha depositado en una cuenta del juzgado hasta que se resuelva el caso. El resto de la cantidad defraudada se desvió a otras cuentas del extranjero. La policía le sigue la pista.
La causa la instruye el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Alzira, que solicitó el pasado 8 de septiembre al banco ING el embargo de la cuenta bancaria con la que el grupo de ciberestafadores se apropió del dinero al hacerse pasar por representantes de la empresa encargada del servicio de limpieza viaria, Tetma.
La providencia judicial, emitida el pasado 8 de septiembre, forma parte de la investigación iniciada tras la denuncia presentada por el propio ayuntamiento tras percatarse del engaño. La jueza acordó el embargo cautelar de la cuenta al estar involucrada en un procedimiento penal por lapresunta comisión de un delito de estafa o apropiación indebida.
El juzgado también reclamó en septiembre a la entidad bancaria que certificara la existencia de las personas autorizadas y usuarios de canales de banca electrónica relacionados con la cuenta, abierta en territorio español, así como la oficina concreta en la que se tramito la apertura. Asimismo, solicitó el expediente bancario íntegro y todos los contratos y productos vinculados a la misma.
Con esos datos, el juzgado, con el apoyo de la Unidad de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional, ha tratado de seguir el rastro del dinero. Se da por seguro que los 50.000 euros embargados hasta ahora volverán a las arcas municipales, aunque el resto del dinero se distribuyó por otras cuentas situadas en el extranjero. Hay que tener presente que el correo electrónico que permitió a los estafadores informáticos engañar a los funcionarios municipales de Algemesí partió de Singapur.
Las mafias dedicadas a la ciberdelincuencia operan en mercados opacos, por lo que resulta muy complejo seguirle la pista a los movimientos bancarios una vez se realizan fuera de la Unión Europea.
Los hechos que han dado pie a la investigación fueron desvelados en exclusiva por Levante-EMV a primeros de agosto. Los delincuentes suplantaron la identidad de la empresa adjudicataria de la basura y lograron birlarle 135.400 euros al consistorio mediante una transferencia bancaria que acabó en la cuenta corriente de los timadores. El pago se ordenó el 30 de abril. Se trataba, en teoría, de la primera factura que presentaba al cobro la nueva empresa concesionaria de la basura.
Los ladrones «presentaron documentos que reproducían con bastante similitud el logotipo, el sello y la firma del representantede la empresa. Había diferencias, pero los funcionarios no las advirtieron. Eso sí, reclamaron dos certificados, uno al proveedor y el otro a la entidad financiera, para comprobrar que todo estaba correcto. La documentación llegó con la misma apariencia de verosimilitud. Una vez cumplimentado el trámite, el expediente pasó a Tesorería el 27 de abril y tres días más tarde se remitía la transferencia.
El engaño no se detectó hasta 3 meses más tarde, cuando la empresa real a la que se había adjudicado la limpieza urbana se quejó de que todavía no había cobrado.
Una comisión de investigación frenada en seco
La comisión de investigación exigida por la oposición para conocer los detalles de la estafa cibernética que permitió a los delincuentes apropiarse de 135.400 euros del Ayuntamiento de Algemesí llegó a constituirse, pero ni siquiera ha iniciado su tarea al estancarse por problemas burocráticos. El control de las mayorías del órgano fiscalizador encargado de aclarar lo ocurrido y exigir, si cabe, responsabilidades, originó una batalla política que ha desactivado hasta ahora su operatividad.
La ley obliga a que las comisiones informativas del ayuntamiento respeten el porcentaje de voto logrado por cada grupo en las urnas. El gobierno municipal dispone de mayoría absoluta en el consistorio, aunque la oposición no estaba dispuesta a respetar en la comisión investigadora esa capacidad de control que ostentan el PSPV, EU y el exconcejal de Ciudadanos Edgar Bresó.
Para desatascar la situación, la alcaldesa propuso que algún representante socialista asumiera la presidencia de la comisión para que, con su voto de calidad, garantizara al gobierno local el control de la mayoría absoluta. Compromís se opuso al considerar que de ese modo la investigación estaría viciada de origen.
Un informe del secretario general del consistorio resolverá el bloqueo, aunque la medida afectará no solo a la comisión investigadora de la estafa cibernética sino a todas las comisiones informaivas municipales. Al aplicarse la ley, Més Compromís perderá un representante. Su grupo estaba sobrerepresentado.
