El alcalde de Càrcer, Josep Botella, ha tenido que dar marcha atrás en el acuerdo para integrar en el gobierno municipal a la concejal del grupo de no adscritos, Teresa Alegre, tras cuestionar el PP la legalidad del mismo en base a la reciente sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe mejorar la situación de un edil «tránsfuga». Los populares ya alertaron en el pleno que el pasado 19 de noviembre acordó la integración de Alegre en la junta de gobierno de la supuesta anomalía y ayer hicieron pública su intención de recurrir al Síndic de Greuges y agotar todas las vías para impedirlo.
Botella confirmó que la secretaria municipal, que en un primer momento no había puesto objeciones a la integración de Alegre, le había mostrado con posterioridad algunas dudas por lo que, incidió, de común acuerdo con la edil, ha revocado aquel acuerdo, aunque defendió que nada tiene que ver la integración de Alegre con el caso de transfuguismo que recoge la sentencia.
Alegre concurrió a las elecciones con la agrupación Gent per Càrcer, aunque discrepancias con el líder de la formación provocó que se desmacara y pasara al grupo de no adscritos. Botella, que gobierna en minoría con los cuatro escaños que obtuvo su Agrupació Ciutadana de Càrcer, ha buscado el apoyo de esta concejal para sacar adelante algunas propuestas y finalmente alcanzó un acuerdo para que se integrara como miembro de la junta de gobierno, aunque sin asumir ninguna delegación, lo que le garantizaba una mayoría estable.
El PP alertó ayer de que la sentencia del Supremo «impide que un concejal tránsfuga pueda asumir nuevos cargos o retribuciones que supongan mejoras políticas o económicas» por lo que, según indicó la portavoz popular, Raquel Bono, «es imposible que un concejal tránsfuga entre a formar parte de la junta de gobierno». La entrada en el gobierno comporta el pago de 50 euros por reunión.
El alcalde incidió en que el acuerdo de integración de Alegre se adoptó «con todos los informes favorables» y que la revocación del mismo busca evitar problemas de futuro pese a que, según dijo, existen argumentos para defenderlo en caso de un recurso. «No se ha llegado a constituir la junta de gobierno y hemos seguido los pasos que nos ha indicado la secretaria», comentó Josep Botella, mientras señalaba que «resulta curioso que el PP hable de transfuguismo en un pueblo como Càrcer. Un caso de transfuguismo es cuando compraron aquí al alcalde del PSOE y le pusieron un sueldo, esto no tiene nada que ver», dijo, en alusión a la maniobra por la que José Antonio Juanes dimitió y propició la investidura de Aurelio Hernández.
