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Las urbanizaciones de Alzira deberán tener autobombas y cortafuegos para protegerse

El ayuntamiento aprueba mañana una ordenanza pionera para mejorar la seguridad de los residentes en terreno forestal en caso de incendio

Viviendas de la urbanización El Respirall, en una imagen de archivo. | LEVANTE-EMV

Viviendas de la urbanización El Respirall, en una imagen de archivo. | LEVANTE-EMV

El Ayuntamiento de Alzira aprobará finalmente mañana una ordenanza de autoprotección frente a incendios forestales en urbanizaciones pionera en la Comunitat Valenciana que no solo arbitra mecanismos para obligar a los propietarios a crear franjas de seguridad en torno a estos núcleos, como ya adelantó Levante-EMV, sino que también impone la obligación de contar con autobombas comunitarias que permitan utilizar el agua de las piscinas para hacer frente a una situación de emergencia por parte de los residentes, si la situación lo requiere, o estén a disposición de los profesionales y voluntarios que se movilizan. El ayuntamiento tiene previsto facilitar un autobomba a cada urbanización, si bien el borrador de la ordenanza que mañana se eleva al pleno para su aprobación inicial recomienda que los residentes cuenten con una por cada diez parcelas urbanizadas con piscina.

El concejal de Medio Ambiente, Pep Carreres, destacó ayer que al tratarse de una ordenanza «que va a marcar una pauta» en el conjunto de la Comunitat Valenciana se ha elaborado de la mano de la dirección general de Prevención de Incendios y comentó que, en última instancia, la principal aportación radica en que viene a definir los procedimientos para hacer cumplir unas obligaciones que ya recoge la Ley Forestal, si bien la legislación no dice cómo hacerlo, indicaron fuentes municipales.

La ordenanza de autoprotección frente a incendios de suelo urbano o urbanizado en entorno forestal establece tanto medidas de autoprotección individuales como colectivas y, en el caso de estas últimas, el ayuntamiento abre la puerta a su ejecución de forma subsidiaria si los vecinos no son capaces de aplicarlas. El consistorio fijaría un precio público para repartir entre los residentes el coste en función de los metros cuadrados de las parcelas que se hayan podido proteger.

Garantizar la seguridad

«Las urbanizaciones privadas tienen la obligación de autoprotegerse y el ayuntamiento está por la labor de ayudarles todo lo que pueda, pero también deben tener claro que los gastos corren de su parte», incidió ayer Carreres, mientras señalaba que algunos residentes no son conscientes del peligro que representa residir en un entorno forestal y que, en este caso, el ayuntamiento tiene la obligación de garantizar la seguridad.

Las medidas de autoprotección que contempla la ordenanza pasan por la apertura de cortafuegos o franjas perimetrales de seguridad, pero también la obligación de señalizar las rutas de evacuación o la ubicación de los hidrantes; determina las características que estos deben tener, como la presión o el caudal, y establece unos protocolos de mantenimiento; detalla las condiciones que deben tener los paelleros o las características de las vías de circulación, entre otras. El borrador que mañana pasa a aprobación inicial, y que se someterá a exposición pública para que los interesados puedan formular alegaciones -por lo que el texto inicial puede sufrir modificaciones-, también plantea en materia de recogida de residuos la sustitución de los contenedores de plástico por metálicos para evitar que puedan ser un foco de un incendio.

También regula la obligación de realizar al menos un simulacro de evacuación cada cuatro años. Los vecinos deberán organizarse y contar con canales que permitan una comunicación rápida entre ellos. Como interlocutores con la administración deberán facilitar un directorio de los residentes que identifique a las personas vulnerables o con movilidad reducida que, en caso de emergencia, precisen de ayuda.

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