Un proyecto de cooperación internacional coordinado por el Consorcio de la Ribera y financiado con dos millones de euros por la Comisión Europea trabajará a partir del 1 de febrero en implantar un sistema de gestión de residuos en un distrito de la isla de Santo Tomé y Príncipe (África) que incluye la capital, con el objetivo de mejorar las políticas ambientales de la zona, evitar la degradación y los problemas de salubridad que generan los vertederos incontrolados y, al mismo tiempo, combatir la pobreza con la generación de empleo verde a través de la creación de cuatro pequeñas estaciones de compostaje comunitario y dos de reciclaje para que la población visibilice los resultados el esfuerzo colectivo en la recogida selectiva y el apoyo a la creación de empresas que promuevan el aprovechamiento de recursos y, de este modo, la economía circular.
El Consorcio de la Ribera, entidad que agrupa a las dos principales mancomunidades, ejercerá como coordinador de un proyecto Rehdes que se desarrollará hasta el 31 de julio de 2023 y en el que participan como socios la Cámara del Distrito de Agua Grande, ámbito de actuación, y la Cámara Municipal de Santa Catalina de Cabo Verde, que aportará su experiencia en este campo para ayudar a las autoridades locales a afrontar el reto.
El Distrito de Agua Grande cuenta con una población de alrededor de 80.000 habitantes distribuidos por dos municipios y doce poblados o comunidades, en los que un 80 % de las personas viven en situación de pobreza. Según destaca la memoria del proyecto, afronta graves problemas ambientales derivados de una expansión urbana acelerada y la debilidad en la gestión de residuos, ya que la recogida como servicio público apenas alcanza a un 38 % de la población, lo que da lugar a la proliferación de vertederos incontrolados que repercuten en la salud de los propios vecinos. Las autoridades locales ni siquiera han estructurado un sistema que permita financiar el servicio.
Fomentar la economía circular
El proyecto plantea como objetivo general la organización de políticas ambientales y, en particular, la gestión de los residuos urbanos mediante la recogida selectiva, y en el camino para alcanzar ese reto marca otras metas como la necesidad de fortalecer la capacidad de las autoridades locales para prestar servicios públicos; impulsar la participación de los ciudadanos y fomentar la economía circular de forma que la recogida selectiva genere empleo estable en el que se dará prioridad a personas en riesgo de exclusión social y ayude a minimizar la generación de residuos. Por otra parte, también se contemplan campañas de concienciación, con especial incidencia en la población escolar, para fomentar la reducción de residuos, la recuperación, la reutilización y el reciclaje.
