Càrcer cuenta hoy con aproximadamente 150 casas vacías que quedan a la espera de ser adquiridas por nuevos compradores para ser reformadas o elegidas para ser alquiladas. Sin embargo, el proceso de despoblamiento que afecta sobremanera el interior de la comarca ribereña es cada día más grave. Siete municipios cercanos a Càrcer han perdido en dos décadas más del 15 % de sus residentes, caso de Antella, Gavarda, Sellent o Sumacàrcer. Por su parte, Càrcer tiene alrededor de 200 habitantes menos que hace veinte años. En la actualidad sums unos 1.800 habitantes. En este contexto, el consistorio que dirige Josep Botella ha activado una innovadora iniciativa que pretende dinamizar la llegada de nuevos vecinos: una Bolsa de Viviendas que pretende que las viviendas vacías de titularidad privada se incorporen al mercado de arrendamiento a un precio asequible. Habilitará un servicio gratuito con un equipo técnico de profesionales encargado de situar al ayuntamiento como intermediario entre los propietarios y los inquilinos. se ofrecerán así garantías suficientes para convencer a ambas partes y se aportará ayuda para la búsqueda de la vivienda particular idónea.

Según el alcalde, Josep Botella, la propuesta «quiere también establecer los precios de alquiler adecuados, sin que se produzca un encarecimiento que puede perjudicar la llegada de nuevos vecinos. Crear un alquiler asequible y que no suponga un porcentaje elevado de los ingresos de las personas». La bolsa permitirá poner en contacto a los oferentes y a los demandantes de viviendas con el objeto de intermediar en el mercado de alquiler privado «y facilitar todo el procedimiento de acceso a viviendas de alquiler de titularidad privada desocupadas y en buenas condiciones de habitabilidad», precisa el munícipe.

Los técnicos de Càrcer también ofrecerán asesoramiento jurídico sobre la Ley de Arrendamientos Urbanos, la realización de un inventario exclusivo, el establecimiento de un sistema de garantías hacia los propietarios con el fin de mitigar los riesgos propios que conlleva el arrendamiento de viviendas, el seguimiento de las obligaciones y derechos del arrendador y arrendatario, información de las ayudas establecidas en el Plan de Vivienda vigente y el cumplimentación del modelo 806 para facilitar la gestión de depósito de la fianza.