La alcaldesa de Sellent, Raquel Sancho, declaró ayer en el juzgado de Instancia e Instrucción número 2 de Alzira por un presunto delito de prevaricación al supuestamente aplicar un trato de favor en la contratación de un operario municipal. Un puesto para el que, por otra parte, ella misma reconoció no tener poder de decisión al tratarse de una convocatoria cuyos requisitos estableció el servicio valenciano de empleo, Labora. «He tenido que pasar un mal trago de forma injusta solo por fomentar el empleo en la localidad», declaró a Levante-EMV.

La demanda parte de uno de los aspirantes que se sintió perjudicado al considerar que ocupaba un puesto prioritario al ser el primero en una bolsa de empleo local. Ésta, creada hace más de un año, pretendía cubrir una plaza de peón de servicios múltiples. El denunciante alegaba que el ayuntamiento contrató a una persona que quedó muy por detrás de él. En la decisión habría, además, un supuesto interés de favorecer a un candidato que guardaba relación con un miembro del ejecutivo local.

Finalmente no se llevó a cabo contratación alguna porque, según ha sabido este diario, el consistorio prefirió acogerse a uno de los planes del Labora, que ofrece más puestos de empleo y es más interesante desde el punto de vista económico. Sí se realizó, sin embargo, una segunda convocatoria para ofrecer un puesto de empleo en la administración local. El denunciante aseguraba que las funciones a cubrir eran idénticas a las del primer expediente que no se llegó a materializar.

A su juicio, por tanto, él tendría que haber sido el elegido para la plaza en cuestión. Algo que no ocurrió, ya que la contratación recayó sobre otra persona que, en la citada bolsa de empleo, ocupaba la sexta plaza. No obstante, la alcaldesa explicó que el denunciante «ni siquiera aparecía en la nueva baremación».

Esto se debe, por lo visto, a que la convocatoria que nunca se aplicó establecía unos requisitos, impuestos por el consistorio, que no eran exactamente los mismos de la segunda. La que finalmente sí se materializó se correspondía con uno de los numerosos planes laborales que lanza Labora. En ese caso, ni la alcaldesa ni ningún miembro de su corporación habrían tenido la posibilidad de designar a un candidato por encima de otro ya que es el propio servicio valenciano de empleo quien impone los requisitos para optar a cada puesto.

La alcaldesa, que llegó al juzgado con un rostro que reflejaba su preocupación, manifestó, tras la declaración ante el juez: «He tenido que pasar un mal trago de manera injusta cuando únicamente he intentado conseguir subvenciones para Sellent que ofrezcan un empleo y sueldo a nuestros vecinos».

Los planes de empleo se rigen por criterios propios

Mientras una bolsa de empleo creada por un ayuntamiento otorga un orden en base a la puntuación de todas las personas que optan a un determinado puesto, los planes de empleo que lanza el Labora se rigen por criterios muy específicos. En ocasiones, van dirigidos a personas de un grupo de edad concreto, por ejemplo, menores de 30 años o con estudios superiores. También se establecen restricciones como estar un tiempo sin trabajo o sin haber formado parte de otro programa de empleo subvencionado por el propio servicio valenciano de empleo.