Suscríbete

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

El Consell Jurídic descarta la vía para evitar el pago de 2 millones al Grupo Suñer

El CJC rechaza la revisión de oficio para anular un convenio de la época del PP y la indemnización queda a expensas de un último recurso

Una perspectiva de la Avenida de los Deportes en una imagen de archivo. | VICENT M. PASTOR

Las diferentes vías abiertas por el Ayuntamiento de Alzira para tratar de evitar el pago de más de dos millones de euros al Grupo Suñer, una reclamación que se deriva de las obras de urbanización del polígono industrial de la Carretera de Albalat, se agotan sin lograr el objetivo. El Consell Jurídic Consultiu (CJC) ha desactivado la revisión de oficio impulsada por el actual gobierno para anular un convenio suscrito en la época de Elena Bastidas (PP) que contemplaba la obligación de abonar 2,2 millones de euros al emitir un dictamen desfavorable que es vinculante. La coalición Compromís-PSOE aprovechará el pleno de mañana para archivar este procedimiento y todo queda a expensas de un último recurso interpuesto contra una sentencia que reconoce a las empresas del grupo el derecho a percibir esa cantidad más los intereses correspondientes, según reconoció ayer la concejal de Urbanismo, Sara Garés. En la vía judicial, un segundo recurso municipal no fue admitido a trámite, agregó.

El equipo de gobierno incoó el pasado otoño un expediente de revisión de oficio del acuerdo municipal de diciembre de 2013 que aprobó el convenio con el Grupo Suñer al entender que resulta lesivo para los intereses de la Administración local. El consistorio llegó a declarar la nulidad del acuerdo, aunque el procedimiento exigía obtener el dictamen favorable del CJC que, no obstante, se ha pronunciado en contra al considerar que existe «litis pendencia» y que no se puede desvincular el objetivo que perseguía el ayuntamiento con la anulación del convenio del contencioso en el que el grupo empresarial ha logrado sentencias a su favor, que no es otro que el derecho o no a percibir una indemnización. Por otra parte, el Consell Jurídic considera que no queda debidamente justificado el argumento en el que el ayuntamiento basa la revisión de oficio.

Las obras de urbanización del polígono Carretera de Albalat están en el origen de este litigio. El Grupo Suñer, como propietario mayoritario del entorno de la Avinguda dels Esports, impulsó en los años noventa la urbanización del sector adelantándose al proyecto integral que el consistorio acometería años después y que todavía no se ha completado. Las empresas del grupo solicitaron al ayuntamiento en septiembre de 2013 el pago de 2,6 millones al estimar que era el saldo a su favor en el proyecto de reparcelación y otros 660.000 en concepto de indemnización por la ocupación irregular de terrenos.

El PP gobernaba entonces en Alzira y esta reclamación dio lugar a la firma de un convenio que, avalado por el jefe del servicio de Urbanismo, fijaba un pago de 2.273.205 euros al considerar que varias parcelas propiedad del Grupo Suñer habían sido ocupadas como viales de forma irregular, sin previo pago y de forma dilatada en el tiempo, si bien el convenio no llegó a hacerse efectivo. Ya en abril de 2017, el Grupo suñer solicitó la resolución y el pago de casi tres millones por un doble concepto, las diferencias de adjudicación del PAI y como indemnización. La falta de respuesta provocó la interposición de un contencioso en el que los tribunales han fallado a su favor.

En ese proceso, el Ayuntamiento de Alzira detectó un resquicio que podía jugar a su favor al señalar los técnicos que los terrenos incluidos en la segunda reparcelación ya habían sido cedidos con anterioridad por el grupo como dotacionales al urbanizar la Avenida de los Deportes, por lo que los antiguos propietarios no tendrían derecho sobre los mismos aunque aparecieran por error -no se inscribieron en el Registro de la Propiedad- en la nueva reparcelación.

El CJC considera que no queda justificado que en la reparcelación de 1992 se cedieran para viales estas parcelas de forma obligatoria y gratuita y concluye que «carece de consistencia jurídica afirmar que el Grupo Suñer carecía de las condiciones para adquirir un derecho o facultar a ser compensado por la ocupación de sus parcelas para viales públicos».

El gobierno municipal considera que ese convenio era lesivo y representaba «pagar dos veces por lo mismo», recordó ayer Garés.

Compartir el artículo

stats