Castelló multará hasta con 450 € a los padres de niños absentistas

Los protocolos que aplican los ayuntamientos para combatir el absentismo escolar contemplan como última instancia la remisión a la Fiscalía de Menores de aquellos casos graves o que no se han logrado corregir tras la intervención del educador social, si bien los padres o tutores de los niños y adolescentes que de forma injustificada falten a clase en alguno de los tres colegios o el instituto de Castelló deberán hacer frente además a una sanción económica que puede alcanzar los 450 euros.

La imposición de multas es uno de los aspectos más llamativos de la nueva Ordenanza Reguladora del Absentismo Escolar que, con el objetivo último de garantizar el derecho a la educación de los menores de entre 6 y 16 años -etapa en que la educación es obligatoria-, ha aprobado el ayuntamiento para reforzar con un marco normativo el protocolo que ya venían aplicando los servicios municipales, según explica el alcalde de Castelló, Òscar Noguera. El munícipe detalla que la elaboración de una ordenanza específica -poco habitual, según fuentes consultadas en el ámbito de la Educación- no responde a que se haya detectado un volumen de casos de absentismo elevado sino a la petición planteada desde el área de Servicios Sociales para regular las intervenciones en esta materia.

La ordenanza argumenta que el absentismo escolar es en origen un problema educativo que no sólo vulnera los derechos del menor sino que a medio y largo plazo puede derivar en un problema social en foma de desempleo, exclusión e incluso delincuencia y, tras analizar las diferentes causas que pueden provocar que el menor no asista a clase y detallar cómo deben actuar los centros escolares, el departamento de Servicios Sociales o la propia Policía Local, regula las posibles sanciones en caso de incumplimiento de esta normativa, que oscilan entre los 150 euros de una infracción leve a los 450 euros de una que se tipifique como muy grave. La ordenanza contempla en cualquier caso la posiblidad de sustituir la multa económica por trabajos en beneficio de la comunidad, que deberán estar relacionados con esta problemática.

El texto aprobado por el ayuntamiento, que ya es definitivo al no haberse formulado ninguna reclamación durante la fase de exposición pública, señala como infracciones leves que los padres o tutores legales no gestionen una plaza para escolarizar a un menor en la etapa de enseñanaza obligatoria, «siempre que no se deriven perjuicios sensibles para el menor»; o en el caso de disponer de plaza, incurrir en absentismo, es decir, que se produzcan ausencias no justificadas que alcancen el 30 % del horario lectivo en un mes.

Los padres pueden incurrir en una infracción grave (300 euros de sanción) si ignoran los requirimientos de los técnicos que intervienen una vez detectado un caso de absentismo o tratan de encubrir la no asistencia al centro educativo de un menor mientras que se consideran infracciones muy graves (450 euros) impedir el trabajo de los profesionales que tratan de mejorar una situación de riesgo o dificultar la asistencia del menor a un centro educativo. La imposición de una sanción no evitará que el expediente se remita a la Fiscalía de Menores para que valore la actuación familiar.

Un consejo específico velará por el cumplimiento de la nueva normativa

La aprobación de la ordenanza conlleva la creación de un Consell d’Absentisme Escolar que será el encargado de velar por el cumplimiento de esta nueva normativa de ámbito municipal, realizando un «seguimiento, coordinación y evaluación» de la misma. El texto destaca que el área de Servicios Sociales activa todos los años un programa que busca integrar a los menores en riesgo en los colegios y erradicar o disminuir en lo posible los casos de absentismo y que, en base a los resultados, está siendo efectivo al reducir «de forma significativa» los casos. No obstante, se considera conveniente crear este consejo en el que «todas las partes implicadas» podrán realizar aportaciones, valorar si es aconsejable modificar la ordenanza, realizar un seguimiento de los expedientes abiertos y tomar decisiones sobre el traslado de casos a la Fiscalía de Menores y la Inspección educativa.