La sombra del abogado Juan García Sentandreu, que en los años noventa tuvo una participación activa en la batalla contra la valencianización del topónimo Villanueva de Castellón como Castelló de la Ribera como asesor del Col·lectiu de Veïns Pro-Referèndum, que consiguió tumbar con el inestimable apoyo del Consell presidido por Eduardo Zaplana, vuelve a planear sobre la denominación oficial que desde el pasado otoño utiliza esta localidad de la Ribera: Castelló. El alcalde, Òscar Noguera, reveló en el último pleno que se han presentado dos recursos contra el nuevo topónimo, uno firmado por varios vecinos del municipio entre los que figura el concejal del PP José López, como él mismo reconoció, y otro de la Federació Coordinadora d’Entitats Culturals del Regne de Valencia que, según señaló, preside el propio Sentandreu.
Noguera realizó estas declaraciones en respuesta a un artículo publicado por el grupo popular en la revista municipal El Miragall en el que criticaba la falta de información del equipo de gobierno sobre este aspecto y revelaba que tenía constancia de la presentación de varios recursos contra el cambio de nombre del pueblo, entre los que citaba el anunciado por el Ayuntamiento de Castelló de la Plana.
Informe de la AVL
El alcalde confirmó la existencia de dos contenciosos en curso, aunque ninguno de ellos planteado por la capital de provincia -de hecho, dejó entrever que ya no podrá hacerlo al haber finalizado los plazos-, y en declaraciones a Levante-EMV confirmó que el ayuntamiento sí se personará en esta ocasión en ambos. «Hasta que el recurso no esté en el ayuntamiento tampoco podemos decir muchas cosas más», indicó Noguera en el pleno sobre el recurso de la asociación de García Sentandreu. Sobre el contenido del contencioso que sí conoce, señaló que argumenta que el informe de la Acadèmia Valenciana de la Llengua que sirvió de base al Consell para aprobar el nuevo nombre es muy escueto y que no existe una tradición histórica y lingüística que justifique la denominación Castelló.
El pleno del Consell aprobó el pasado mes de septiembre el topónimo Castelló como forma exclusiva en valenciano del nombre del pueblo, una resolución que confirmó en diciembre al desestimar un requerimiento del Ayuntamiento de Castelló de la Plana que solicitaba la revocación de ese acuerdo al considerar que este nombre podría producir confusiones entre ambas localidades. Fuentes del consistorio que preside Amparo Marco señalaron que el acuerdo por el que se decidió formalizar este requerimiento contemplaba como paso siguiente en caso de que fuera rechazado la interposición de un contencioso-administrativo. Òscar Noguera dijo no tener constancia de que este recurso se hubiera formalizado, aunque sí se han notificado al consistorio los otros dos.
Fractura social
El cambio de nombre provocó en los años noventa una auténtica fractura social en el municipio. El Consell que presidía Joan Lerma (PSPV) dio luz en 1994 a la denominación Castelló de la Ribera que había propuesto el año anterior el ayuntamiento, gobernado entonces por la izquierda. Los opositores, los sectores más conservadores de la localidad, se organizaron en torno al Col·lectiu de Veïns Pro-Referèndum que, con el asesoramiento de García Sentandreu, impugnó el nombre y logró que en 1998 el TSJ reinstaurara el topónimo en castellano Villanueva de Castellón gracias a que el Consell gobernado por el PP, que actuaba como parte demandada, se retiró del pleito. El litigio y la crispación social aún continuaría durante años hasta que en 2005 se confirmó la forma en castellano.
Compromís, grupo mayoritario en el gobierno local, impulsó un nuevo expediente en noviembre de 2019 que evitaba los nombres que protagonizaron el conflicto, Castelló de la Ribera y Vilanova de Castelló, y buscaba un punto de encuentro en la forma Castelló. Esta denominación no obtuvo el consenso que buscaba en el ámbito político, pero tampoco generó crispación entre los vecinos, aunque la denominación del pueblo volverá a dilucidarse en los tribunales.
